Bien lejos estaba Miralbis Elías Fernández, residente en Cuartel número 1159-C entre Pintó y La Avenida, de pensar que lo que pareció una bendición para su familia terminaría con los tintes inconfundibles de un mal sueño.
Todo comenzó en abril de 2013, cuando una brigada de la Empresa provincial de la Construcción (EPCONS), comenzó a reparar su vivienda y dos aledañas. Cuenta que “hace cuatro meses los obreros retiraron la taza sanitaria con la promesa de colocarla al otro día pero se les rompió en las manos y ellos dicen que no tienen ninguna para reponerla”.
Tampoco, dice, han terminado de enchapar el baño, a pesar de que las losas de las tres casas está situada en la construcción. “Terminaron una, la otra está a mitad, y en la mía ni siquiera han comenzado. Cuando pregunté, el inversionista me dijo que él no sabía nada, que eso es problema de la técnica que está al frente de la obra”.
Finalmente, cuando se decidió a “elevar” sus inquietudes, se sintió más perturbada que al principio. “Hablé con la compañera de Atención a la población y me dijeron que lo iban a resolver internamente”.
Pero el colmo, narra, fue la situación del piso de la casa. “Tenía mosaicos y los quitaron, y no protesté porque pensé que mosaicos iban a poner, pero de pronto mi mamá se me enferma gravemente y un día llego a la vivienda y veo que me pusieron un piso pulido, sin consultarme, porque yo no los hubiera dejado quitar el anterior”.
Le preocupa, además, el descontrol con los materiales que, como trabaja, le dejan con una vecina sin papel alguno, “ni hablar del cemento, que a veces se lo llevan para otras obras y no lo reponen luego. Yo me pregunto, cuándo terminará esta pesadilla”.
La segunda y tercera misivas son, casi, el mismo caso: los daños que ha causado una familia que penetró ilegalmente en una vivienda, sita en Narciso López número 2466 entre 9 y 10 Este, tanto al dueño legítimo como a un núcleo que está construyendo en la placa, luego de que el primero se diera en donación.
Noralis Jiménez Bertot, asegura, recibió en donación la placa de esa casa y desde febrero de 2007, fecha en que los ilegales ocuparon la vivienda de los bajos, que es de su padrastro, ha tenido que lidiar con agresiones constantes contra ella y los trabajadores que contrata para construir.
Lo último, fue que no les permitieron a los obreros instalar un desagüe, lo que provocó nuevos encontronazos. Mientras, a ella la siguen peloteando.
En la nueva misiva, explica que fue a la Fiscalía, en noviembre del 2013, y supo que no aparecían las denuncias que había formulado contra el ilegal en la Policía.
Mientras, en la última instancia, cuando se quejó, le dijeron que era asunto de Vivienda. En Atención a Ciudadanía presentó el caso de la desaparición de las denuncias y pasaron tres meses y aún está sin respuesta, lo que la llevó hasta La Habana, a entrevistarse con funcionarios de la Asamblea Nacional y Ciudadanía a esa instancia.
Ha recibido otras visitas y más promesas, pero hasta ahora nadie le pone un punto final a su problema, como si la ilegal, en toda esta historia, fuera ella.
Hermano de su caso es el de Rafael Tomas Sánchez, el dueño legal, por herencia, de la vivienda de los bajos, quien narra cómo el ciudadano Jesús Pié irrumpió en su propiedad en el año 2007, mientras él no estaba presente y la casa era custodiada por la presidenta del CDR, quien también cuidaba a su nieta.
“Lo peor es que mis nietos están pasando trabajo, una de ellas fue el otro día a la casa acabada de llegar a La Habana, y le tiraron su maleta para el centro de la calle. Eso es lo que me duele”, dice Thomas, quien además denuncia que mientras el caso corre, él es quien tiene que vivir pagando abogados para reclamar lo que es legítimamente suyo.
Mucho ha pasado desde entonces, resoluciones que se dicen y se contradicen y que, finalmente, tuvieron término cuando, el 21 de junio de 2012, la Sala de lo Civil, Administrativo y Laboral del Tribunal Provincial, mandó a anular la solicitud de Jesús Pie, de declararse ocupante legal de la vivienda; y, en el 2013, el tribunal municipal declaró sin lugar la petición de copropiedad elevada por éste.
Lo que falta es lo mismo que desde hace siete años, que se haga lo que por Ley corresponda.