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1apoder popular cubaDel 10 y 17 de octubre de 1976 en Guantánamo, como en toda Cuba, los votantes escogieron de forma directa y secreta, por primera vez, a los delegados de más de seiscientas circunscripciones que integraron las Asambleas Municipales del Poder Popular. Semanas después, el 7 de noviembre, quedó constituida la primera Asamblea Provincial.

Así nació en el alto oriente el Poder Popular, máximo garante del sistema electoral, el esquema asambleario y la rendición de cuenta del delegado a sus electores, factores determinantes en la democracia cubana.

Iniciaba para los guantanameros un nuevo periodo en la vida política, pues se otorgaba derecho de decisión a estructuras locales de gobierno, capaces de lograr mejor vinculación con la población, insertarse en su contexto de desarrollo y agilizar las soluciones a través de la participación directa en las principales decisiones de la vida socioeconómica del país.

Cuatro décadas después, a pesar de los errores humanos propios de la inexperiencia y las dificultades para materializar tamaña organización, pueden utilizarse los términos participación y representación para calificar al Poder Popular, estructura de legislación y funcionamiento de la sociedad socialista, de acuerdo a las concepciones políticas del proceso revolucionario.

A finales de los años ochenta, dada la experiencia que se vislumbraba desde la Unión Soviética, se produjeron en las Asambleas Municipales profundas discusiones sobre el peligro que para el proceso político representaba la desvinculación de los dirigentes con el pueblo, así como el trabajo por cantidad sin tener en cuenta la calidad de las tareas, fundamentalmente a nivel de circunscripción.

Corría entonces el sexto mandato, y estabilizar el Trabajo de las Comisiones permanentes para los temas sociales medulares, sistematizar la Atención a la Población y fortalecer la relación con las organizaciones políticas y de masa, ya se anunciaban como las principales tareas.

La coincidencia con la actualidad, esta vez, no es pura coincidencia. Aunque mucho se ha avanzado, una somera revisión a los planteamientos realizados entonces revela problemáticas sostenidas en el tiempo, aun cuando son conocidas sus formas de solución.

Por solo citar un ejemplo, de acuerdo al Llamamiento al IV Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1991, los órganos del Poder Popular necesitaban “una reflexión que afirme todo lo positivo y valioso encauzado por estos órganos desde 1976 y que permita, al mismo tiempo, liberarlo de formalismos y otras insuficiencias”.

El diez de octubre de ese año se aprobó la Resolución sobre el Perfeccionamiento de los Órganos del Poder Popular, una declaración contra la tendencia formalista y burocrática heredada de la URSS.

Se impuso entonces, para todos sus delegados, dinamizar métodos y estilos de trabajo, acercarse a la población y solucionar sus problemáticas, cuestión de vital importancia en la identificación del pueblo con sus representantes. ¿Es este o no el debate de hoy?

En pleno periodo especial, se produjeron cambios medulares para ampliar la participación ciudadana en las decisiones estatales: la eliminación de los Comités Ejecutivos a nivel provincial y municipal y la creación de los Consejos Populares, este último dirigido a unificar a las sociedades civil y política como vía para enriquecer la participación del pueblo en las gestiones de Gobierno. Lamentablemente, las funciones administrativas que le fueron asignadas, disociaron con el tiempo a esta estructura de sus funciones políticas.

Con la aprobación de la Ley Electoral, en 1992, se promovió cierta apertura en los procesos de nominación y elección de delegados a la Asamblea Provincial y diputados al Parlamento, se ampliaron también las posibilidades de participación a nivel nacional y provincial y se afianzó la intervención activa de la población en la discusión de los documentos rectores de la vida socioeconómica, política y cultural de la Isla.

En los momentos más críticos de la Revolución, la aprobación de estos cambios contribuyó a legitimar el sistema social cubano y permitió sostener su gobernabilidad hasta hoy. De modo que años después, cada experiencia aprendida debe ser puesta en práctica en el proceso de actualización que, sobre la base de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, atraviesa la sociedad cubana.

En este contexto –y en cumplimiento de sus deberes constitucionales- corresponde a los delegados a la Asamblea del Poder Popular a todos los niveles trabajar activamente en el control y fiscalización de las actividades de producción y de servicios, encaminadas a la satisfacción de las necesidades asistenciales, económicas, educacionales, culturales y sociales de la población, en cuya solución se encuentra la clave de la participación ciudadana, así como la implementación de iniciativas locales para la solución de sus problemas.

En Guantánamo, se impone elevar la autoridad y poder real del delegado, perfeccionar los mecanismos de elección de los delegados, repensando y ampliar las formas de elección directa, a través del fortalecimiento de las Asambleas de nominación de candidatos; descentralizar la gestión social de los recursos para la solución de problemáticas de tipo material, elevar la preparación política de los representantes del pueblo y sobre todo, su papel como garantes de un sistema democrático a nivel local.

A sus cuarenta años de vida, mucho ha realizado y mucho queda por hacer al Poder Popular.