Imprimir

Una de las tantas polémicas que movió el debate en la recientemente terminada Conferencia Nacional de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) fue la violación que, tanto por falta de exigencia de los aniristas como por aparente desconocimiento de las administraciones, se hace con frecuencia de la Ley No. 38 de Innovaciones y Racionalizaciones, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 1982.

La legislación recoge, en ocho capítulos, las disposiciones sobre el trabajo creador. Cuestiones sobre  intercambios de innovaciones y racionalizaciones, su certificación, los derechos de autor, la nulidad, reclamaciones, entre otras, conforman el documento que respalda, incondicionalmente al menos en papel, a la membresía de la  ANIR.

De acuerdo con la normativa, las administraciones, junto con el  Sindicato, la ANIR y las Brigadas Técnicas Juveniles, tienen la obligación de elaborar los planes temáticos para agrupar los problemas que afecten la producción, los servicios y la defensa, y proyectarlos en correspondencia con los planes de desarrollo económico-social.

Pero en la práctica entidades como la Agricultura, la Construcción, la Industria Alimentaria y Comercio, violan constantemente lo dispuesto, no evalúan los trabajos aplicados para bien de sus centros laborales y, por supuesto, mucho menos pagan al responsable de la inventiva.

Y es difícil, porque la innovación y racionalización es el ingenio obrero aplicado para mantener en marcha fábricas, equipos y medios con alto grado de obsolescencia, y garantizarle sustento a la economía y el empleo a los trabajadores.

Pues aunque en muchos informes económicos, según los propios aniristas, se excluyan las cifras aportadas por ellos, la disminución de algunas importaciones, el aumento de la productividad y el hecho de que en Guantánamo tributaran más de 16 millones de pesos por efecto económico en 2013, son elementos suficientes para ponderar el trabajo de los innovadores y, en consecuencia, pagar un precio justo al talento, aunque el pago, incluso cuando se da, pudiera ser superior si no se arrastraran problemas en el sistema de gestión, afectándose la estimulación y el compromiso de los trabajadores y colectivos.

Por otra parte, no se trata de supeditar la labor creadora a una remuneración, sino de otorgarle lo que por derecho corresponde al proletario que ha respondido desinteresadamente a las necesidades materiales enfrentadas por el país.

Como dijo elCheen El Socialismo y el Hombre en Cuba, “no nos olvidemos de lo material. Pero debe ir parejo con lo moral. Tenemos que buscar el punto de equilibrio, porque si convertimos la ANIR solo en un proceso de remuneración económica, peligra; y si la convertimos solamente en un reconocimiento social, peligra igualmente”.

No por gusto, el Lineamiento 139 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobada por el VI Congreso del Partido, enfatiza que: "Definir e impulsar nuevas vías para estimular la creatividad de los colectivos laborales de base y fortalecer su participación en la solución de los problemas tecnológicos de la producción y los servicios (...)".

Ello, es un asunto pendiente. En el día a día, la verdad es que muchas veces no se presupuesta esta actividad, y cuando se hace lo asignado resulta insuficiente en la mayoría de los casos, y, si hay que reajustar, lo eliminan y ya, porque nadie viene a reclamarlo.

También, valdría la pena escuchar a los aniristas cuando opinan que ya es hora de actualizar una ley que se formuló en un momento con una realidad bien distinta a la actual.

Pero mientras tanto, quien vela por el cumplimiento de la actual Ley deberá arreciar el control, pero los propios trabajadores tienen las herramientas para ejercer su defensa y cambiar la realidad que, de año en año, afecta a nuestros innovadores, lo que deviene en descontento y desmotivación: y eso, en un país donde el ingenio muchas veces es lo único a mano, no es una opción.