Con una información sobre el proceso previo de consulta de los documentos del 7mo. Congreso del Partido inició la sesión de trabajo de la comisión dedicada a analizar la implementación de los Lineamientos y su actualización para el periodo 2016-2021.

El miembro del Buró Político, Jefe de la Comisión Permanente para la Imple­men­ta­ción y Desarrollo y ministro de Economía y Pla­nificación, Marino Murillo Jorge, quien pre­sidió la comisión, expresó que el análisis de los documentos contó con la participación no solo de los delegados, sino también de un am­plio número de invitados representativos de di­ferentes sectores sociales.

Al referirse específicamente a la consulta sobre la im­ple­mentación de los Li­nea­mientos y su actualización, Murillo Jor­ge comentó que fue discutida por 296 delegados y 1 045 invitados, y se generaron 2 218 intervenciones en las comisiones y plenarias.

El funcionamiento de la empresa estatal y cooperativas no agropecuarias; las políticas sociales y calidad de los servicios; el desarrollo local; la agroindustria; transporte; construcción; turismo; capacitación de cuadros y funcionarios; figuran entre los tópicos más tratados en las provincias.

Dichos temas generaron en las provincias 410 propuestas, de las cuales 374 fueron aprobadas por las plenarias provinciales y 316 (84 %) fueron llevadas al documento presentado al VII Con­greso; 58 no se aceptaron.

Al dar la palabra a los delegados, Ruber­da­nis Tamayo, de Hol­guín, comentó en relación con los lineamientos referidos a la política de ciencia, tecnología, innovación y medio am­bien­te, que a pesar de que el informe sobre los resultados de la implementación recoge que se han ejecutado 112 proyectos de investigación científica y servicios científico-tecnológicos para conocer el estado de los recursos na­turales y el medioambiente, ha sido lenta la aplicación de los mismos.

Por solo poner ejemplo, mencionó los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos, camino en el cual todavía hay mucho por hacer a partir de las recomendaciones de los estudios. En ese sentido, agregó que el documento presentado debería reconocer esa debilidad, propuesta que fue aprobada por los delegados.

Por otro lado, el delegado Alberto Falla, de La Ha­bana, se refirió a los Lineamientos dedicados al sector de la Educación, y la re­levancia de que se precise en el informe la importancia del estudio de la Historia de Cuba. "No se trata solamente de una asignatura, se trata de un valor político cada vez más grande", in­dicó.

Ena Elsa Velázquez, delegada por Santiago de Cuba y ministra de Educación, admitió que es una insuficiencia del sistema en la cual "tenemos que seguir trabajando", por lo que los delegados aprobaron la propuesta.

Sobre la educación, el informe de los resultados de la implementación recoge además que aun cuando se han ido solucionando las necesidades de maestros en algunos territorios, fundamentalmente en la enseñanza primaria, prescolar y especial, hay provincias como La Habana, Artemisa y Matanzas, así co­mo municipios cabecera como Ciego de Ávila y Camagüey, donde todavía hay mu­chas dificultades con la cobertura docente.

Al respecto Ena Elsa Velázquez reconoció que entre las provincias con problemáticas en este aspecto también se encuentra Mayabe­que, teniendo en cuenta el insuficiente ingreso a las escuelas pedagógicas y la universidad.

La defensa de la cultura nacional también generó criterios en la jornada inicial de debate. Con relación a este asunto, el delegado Al­berto Falla consideró que si bien en el informe se reconoce el alto consumo de productos au­diovisuales foráneos y la imitación de patrones culturales extranjeros, debemos hablar en términos de hacer frente a culturas hegemónicas, pues es más preciso.

Argumentó que las culturas de nuestros pueblos de América y otros como los africanos, carecen de difusión y tienen numerosos valores, por lo que no es a eso a lo que tenemos que enfrentarnos, sino a los mecanismos de la industria cultural que promueve la banalización y reproduce un modo de vida diferente.

LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA, CUENTA PENDIENTE

Al llegar al análisis de lo recogido en el informe sobre la implementación de los Li­nea­mientos de la Política Agroindustrial, los de­legados hicieron un alto, por la relevancia del tema en la vida cotidiana de la gente.

Durante los últimos cinco años la producción de alimentos ha mantenido un ritmo bajo de crecimiento, lo cual ha provocado que la importación anual de alimentos alcance como promedio los 2 000 millones de dólares, de los que se pudieran producir en Cuba aproximadamente la mitad.

Pero son los altos precios de comercialización y el impacto en ello de las figuras del trabajo por cuenta propia aprobadas (vendedores mayoristas y minoristas de productos agropecuarios), los que movieron las opiniones.

Yunier González, delegado de Artemisa, precisó que la aprobación de dichas figuras en su momento fue necesaria, cuando en ese territorio desapareció la empresa de Aco­pio. Mas actualmente, a partir de que el Es­tado está contratando hasta el 80 % de las producciones y con precios muy ventajosos para los productores, consideró que los vendedores mayoristas no deben continuar, pues se han convertido fundamentalmente en re­vendedores.

Los vendedores minoristas son los carre­ti­lleros, añadió, que sí son necesarios pues están más cerca de la población, pero a los otros no les duele lo que suceda con los precios.

El delegado Tomás Rodríguez, también de Artemisa, apoyó este planteamiento y agregó que en los campos de su provincia ha aparecido gente que roba los productos para venderles a estos comercializadores mayoristas, pues pagan en efectivo; todo lo cual es signo de que esta figura del trabajo por cuenta propia ha dejado de cumplir una función positiva y debe rectificarse.

Marino Murillo explicó que los vendedores mayoristas solo estaban aprobados en La Ha­bana, Artemisa y Mayabeque, a partir del ex­perimento de comercialización en esos territorios, y si bien podían vender únicamente en esas tres provincias, podían comprar en todo el país. Manifestó que de haber obtenido buenos resultados, la idea se habría generalizado, pero por lo sucedido hasta ahora se había decidido no extenderla.

Durante el intercambio se dio a conocer que en el país existen más de 200 comercializadores mayoristas aprobados pero ilegalmente ejercen otros. De ahí que tanto el Jefe de la Comisión de Imple­men­tación, como la miembro del Buró Político del Partido y primera secretaria en La Habana, Mercedes López Acea, se pronunciaran por enfrentar con fuerza las actividades ilícitas, no solo en esta actividad del trabajo por cuenta propia.

Juan Rodríguez, delegado de Holguín, ratificó la idea de que Acopio se ha ido recuperando y señaló que resta solucionar los problemas del impago en algunos lugares, pero que todo puede funcionar bien. La cooperativa es quien tiene que co­mercializar los productos, enfatizó, el mecanismo de comercialización debe ser entre Acopio y las formas productivas, porque todo lo que se introduce en esa relación resulta en precios altos para el pueblo.

La comisión —luego de reconocer la recuperación que experi­menta Acopio en varias provincias, así como las circunstancias que llevaron a la realización del experimento de co­mer­cia­liza­ción— votó a favor de la propuesta de Luis Daniel Roger, delegado de Santiago de Cuba, quien dijo que tenemos que reconocer en la propia redacción del informe, que ese experimento no salió bien.

UN APARTE PARA LA CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD Y LA RIQUEZA

La delegada Lidis María Rodríguez, de La Habana, precisó que el informe sobre los re­sultados de la implementación no recoge valoraciones sobre lo que se ha hecho en función de no permitir la concentración de la propiedad, aspecto referido en el lineamiento 3. Sobre ello dijo que es una cuestión de esencia para mantener nuestro sistema y que en la nueva etapa cobra mayor fuerza, como quedó expresado en las palabras de Raúl en la ma­ñana.

Marino Murillo reconoció que como tal no había sido incluido, pero explicó que se han dado pasos en ese sentido a partir de la limitación en la cantidad de tierras que se entregan en usufructo, a través de los postulados de la Ley de Inversión Extranjera, entre otros aspectos. No obstante, los delegados aprobaron que se redactara e incluyera una valoración sobre el tema.

Pero el tópico continuó generando debates, esta vez en la discusión de los nuevos lineamientos, pues el 3 fue modificado para incluir, junto al principio de no permitir la concentración de la propiedad en las formas de gestión no estatales, la regulación en la concentración de la riqueza en las personas jurídicas o naturales.

Roberto Reyes La O, delegado de Holguín, intervino en este punto y señaló que en ningún lugar están definidos los límites pa­ra dicha concentración. Apuntó que muchas personas na­turales que hoy acumulan bienes, aportan a la economía del país, pues además de producir, también fomentan pequeñas in­dustrias.

Significó que hay una diferencia entre no permitir y regular, pero que en cualquier caso no se puede desestimular el desarrollo de las fuerzas productivas con cualquier medida.

Al intervenir en el debate Marino Murillo dijo que es mejor pagarle bien a un productor en Cuba que importar alimentos y ratificó que el texto dice que se regulará, pero eso hay que definirlo todavía. Sabemos que sin dejar de fomentar el desarrollo de las fuerzas productivas, debemos regularlas, añadió.

Hay que buscar la media entre lo que ganan y lo que aportan a la sociedad, continuó el Jefe de la Comisión de Implementación. Esa es la complejidad de ir a un sistema donde hay múltiples formas de propiedad, comentó. El secreto es encontrar el equilibrio.

Fernando González, Héroe de la República de Cuba e invitado al cónclave, manifestó que el principal mecanismo de regulación es la producción. Hoy un campesino que produce carne de cerdo gana más por los precios que tiene la carne de cerdo; en la medida en que se produzca más, proporcionalmente bajarán los precios y ganar lo mismo será más difícil, argumentó. También recordó que otro mecanismo es el de los impuestos progresivos, como está establecido en la Ley.

Roberto Pupo, delegado de Holguín, consideró que no hay forma de evitar la concentración de riquezas en productores eficientes. Esa es una realidad hoy, donde hay gente que trabaja y gana muchísimo por ello.

Algo semejante refirió Diógenes Al­me­na­res, de Santiago de Cuba, pues para él existe una contradicción, porque el lineamiento dice que no se permitirá, pero en realidad eso ya existe. Lo co­rrecto es decir regular.

Lo que define un sistema son las relaciones de propiedad, explicó Murillo Jorge. No hay manera de repartir justamente las riquezas si usted no es propietario. No obstante, sabemos que hay insuficiente desarrollo de las fuerzas productivas y por eso tenemos que aprobar otras formas de gestión complementarias, pero hay que ponerles límites, porque si no, no son complementarias.

Señaló que el hecho de que las personas naturales se conviertan en empresarios y los pequeños negocios en empresas, cambia el panorama. Entonces, argumentó, se podrán tratar como tal a partir de la aprobación de una ley de empresas que regule a todos con mecanismos de control, ya sean jurídicos, económicos e indirectos.

Profundizó en estos mecanismos: uno indirecto es que una empresa estatal socialista rija los precios de una actividad.

Con relación a las normas jurídicas, un ejemplo es el establecimiento de los límites de la cantidad de hectáreas que puede tener alguien. El impuesto es otra forma, y es clave en la redistribución de las riquezas. Pero la esencia está en el modelo, insistió, porque el norteamericano es uno de los sistemas tributarios más eficientes del mundo y hay concentración de las riquezas.

Murillo refirió que se pusieron las dos cosas: la concentración de las riquezas y la de la propiedad, porque alguien que tenga varios locales arrendados no tiene concentración de la propiedad, pero sí pudiera tener concentración de la riqueza.

Gladys Bejerano, delegada de La Habana, llamó a estudiar la intervención de Raúl durante la lectura del informe, donde aludió a este tema. Apoyó la redacción del lineamiento, porque es una preocupación actual de la población y no precisamente porque existan campesinos que tengan dinero como fruto de su trabajo, acotó. Hay que ver otros negocios turbios en diferentes sectores de la sociedad, y que incluso se producen entre esos productores individuales y empresas estatales. No atender este asunto es alejarse de la esencia de nuestro sistema social, significó.

Casi al finalizar los delegados apoyaron el criterio de Miriam Marbán González, delegada de La Habana, quien pidió incorporar un lineamiento sobre la contabilidad, a partir de las dificultades reconocidas en este aspecto. Apuntó que la contabilidad en muchos casos no se usa como herramienta de trabajo para la toma de decisiones de la dirección. Dijo que los problemas son multifactoriales, pues pasan por los completamientos de plantilla, la preparación, etc; por lo cual es necesario que se le preste atención a su fortalecimiento.

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