Si bien es cierto que la regulación de precios es un asunto que se mantiene constantemente en el tintero, el aumento salarial aprobado para el sector presupuestado lo ha convertido en imperativo y en garantía imprescindible para que la medida tenga realmente el impacto deseado en el país.

Para nadie es un secreto que la afirmación de «esto es oferta y demanda» devino pretexto para fijar cifras a los productos y servicios ofrecidos por el sector no estatal, muchas veces inalcanzables para el pueblo trabajador.

Por ese motivo, para que el nuevo salario «rinda», como se acostumbra a decir en buen cubano, dependerá en gran medida de los mecanismos que se establezcan para poner a los precios antes mencionados un tope justo y accesible.

Sin embargo, más allá de las estrategias evaluadas en el Consejo de Ministros, o de las resoluciones publicadas para este fin en la Gaceta Oficial, corresponde a cada territorio tomar las medidas necesarias para evitar que se disparen los precios.

De acuerdo con publicaciones de medios de prensa locales, se han establecido topes para productos de alta demanda que son comercializados por trabajadores por cuenta propia, como es el caso de cervezas, agua y refrescos, los panes con diferente contenido y las pizzas. También han sido incluidos servicios como barbería, el transporte por medio de coches, y la venta de carne cerdo.

En el caso del oriente cubano, las provincias de Las Tunas, Granma y Holguín han aprobado, en el seno de los Consejos de la Administración Provincial, y dado a conocer, listados que incluyen los productos y servicios mencionados, entre otros, en ­correspondencia con las peculiaridades de cada territorio.

Ello implica que existirá también un control estricto para ­evitar violaciones, en el que se involucran no solo las entidades que lo llevan en su objeto social, sino el pueblo a modo general, con la denuncia oportuna, para lo cual han sido divulgados números de teléfonos, correos y direcciones a las que dirigirse en caso de que se perciba alguna irregularidad.

En diálogo con Donna Baños Guerra, vicepresidenta del órgano de la administración en Guantánamo, este medio conoció que en esa parte de la Isla también se llevan a cabo importantes acciones para la regulación de los precios.

«Nosotros ya habíamos trabajado en este tema con el transporte privado, con los productos agropecuarios y con la carne de cerdo. Ahora mantenemos un monitoreo constante, creamos un puesto de mando para que el pueblo nos haga llegar sus inquietudes y, además, en cada uno de los municipios, los Consejos de la Administración han estado evaluando precios para aquellos productos, que no son de impacto provincial, pero que se venden en sus localidades».

Cajas de jugo de pequeño formato a 30 pesos en áreas de hospitales, cocheros que solo trabajan por alquiler o una libra de bistec de cerdo a 50 pesos, pudieran ser algunos de los cientos de ejemplos de lo que sucede cuando se pierde la sensibilidad y se priorizan los intereses económicos por encima del respeto al otro.
El objetivo de las medidas que hoy se impulsan es el equilibrio, la equidad, la búsqueda de un punto medio en el que los trabajadores del sector no estatal puedan desarrollar sus actividades y sostener su propia economía, sin que ello resulte en detrimento del bienestar de la mayoría.

Tomado de Granma