Como parte de los preparativos para el Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito y otras conductas sociales negativas, que se desarrollará en la cuarta semana de septiembre, el Tribunal Popular Provincial (TPP) de Santiago de Cuba ejecuta acciones integrales en comunidades del territorio, enfocadas en el control y seguimiento de personas sancionadas en condición de libertad.

   En el actual contexto, el tribunal santiaguero ha adelantado importantes iniciativas que refuerzan su línea temática habitual, en declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Yoannys Chávez, presidente de la Sala Tercera de lo Penal del TPP, explicó que estas acciones  se desarrollan en todos los municipios del territorio.

   Durante este mes, se han visitado los Consejos Populares para realizar controles a los sancionados en libertad, tanto en sus comunidades como en centros laborales, evaluando su comportamiento social, cumplimiento de obligaciones jurídicas y desempeño laboral, refirió.

   Recalcó que ya se han intervenido comunidades como Moncada, Mariana Grajales, Sueño y Heredia, y al concluir cada ejercicio, se realiza un intercambio con las autoridades, coordinadores políticos y grupos de prevención, donde se presentan los resultados del control, se actualizan estrategias individuales de seguimiento y se corrigen infracciones en el acto, incluso imponiendo nuevas medidas cuando sea necesario.

   Según Chávez, uno de los propósitos fundamentales es verificar el vínculo laboral de los sancionados, por lo que también se trabaja en la ubicación al empleo, y en las reuniones conclusivas se adoptan decisiones que pueden implicar limitaciones de derechos, especialmente de libertad, para quienes incumplen sus deberes. 

   Estos ciudadanos conservan la posibilidad de establecer recursos de súplica contra medidas cautelares, y en caso de revocación, pueden presentar el mismo recurso en un plazo de tres días, precisó.

   El juez santiaguero significó que las decisiones se basan en la evaluación del entorno social y familiar, el cumplimiento de deberes jurídicos, cívicos y laborales, y que en casos de persistente incumplimiento, se procede a la privación de libertad; no obstante, el ejercicio no tiene carácter revocador, sino que busca controlar y ofrecer oportunidades según cada caso.

   Hay sancionados que evaluamos de regular y otros de mal, a quienes se les da la oportunidad de resolver sus situaciones en un tiempo prudencial, dijo Chávez, se trata de personas que han dejado de trabajar, han cambiado de domicilio sin informar, deambulan en horas nocturnas o portan instrumentos que podrían facilitar hechos delictivos.

   Si la conducta resulta aislada y es la primera vez que se les llama la atención, se les brinda apoyo mediante los grupos de prevención, trabajadores sociales, jefes de sector y estructuras comunitarias, argumentó. 

   Las medidas más drásticas se aplican a quienes ya han sido evaluados negativamente en ejercicios anteriores y continúan incumpliendo sus deberes, comentó, en esos casos, la alternativa legal es la reclusión.

   Como parte de las fortalezas del tribunal, se destaca la labor educativa con los sancionados en libertad, quienes participan en tareas de impacto social dentro de un proyecto comunitario provincial, estas incluyen la producción de alimentos, limpieza, higienización y embellecimiento de centros hospitalarios, con el objetivo de promover su reinserción social y contribuir a la solución de problemáticas locales.

Tomado de la ACN