Desnudar el funcionamiento de un sistema en el que el sur global y, en específico, el de América Latina, paga las cuentas del desarrollo de las potencias y, al mismo tiempo, los pueblos soportan sobre sus hombros el lujo de las élites oligárquicas, forma parte de los objetivos de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd).
El peruano Omar Olivares Yzarra, coordinador de comunicaciones de esta plataforma, en días recientes conversó con Granma, en ocasión de su participación en el III Coloquio Patria, acerca de los desafíos del diálogo político para un continente donde se judicializa a los principales líderes progresistas, existe una persecución financiera declarada de EE. UU. contra varios países, como Cuba, Venezuela o Nicaragua, y se enfrenta un reto climático abrumador, de cara a su impacto en los países menos desarrollados, especialmente en el Caribe.
Con 27 miembros de 13 países del subcontinente, entre institutos de investigación, organizaciones sociales, movimientos y dos individuos a título personal, la Red centra su trabajo en tres ejes: la justicia fiscal, la nueva arquitectura financiera y la justicia climática.
–¿En qué consisten esas líneas directrices?
–La primera de ellas, en el diseño de políticas tributarias progresivas para garantizar el buen destino del dinero recaudado por los gobiernos hacia el financiamiento de servicios públicos dignos, de calidad y universales.
«El segundo punto está basado en restructurar una arquitectura financiera totalmente desigual, bajo el control de los integrantes del g7. También analiza el nivel de endeudamiento de las naciones y la forma de pagar esas deudas, condicionada desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
«El último eje abarca el financiamiento para adecuarnos a los impactos de la crisis climática y mitigarlos; las transiciones hacia las energías renovables y las políticas públicas para conservar la Amazonía.
«Parte de nuestro trabajo persigue evidenciar cómo las extractivas radicadas en el norte global lucran y contaminan con los minerales obtenidos en nuestros territorios. En Perú, la minera Buenaventura explota cobre, sin embargo, una investigación periodística reveló la existencia de otros minerales no declarados en los lingotes. Si extraen 100 000 millones de dólares y solo hacen constar diez, el Gobierno pierde».
–Ante la perspectiva del agotamiento de los recursos naturales, nuestra América aparece como escenario de disputa geopolítica. ¿Cómo incide el neoliberalismo en la desprotección de los recursos?
–En la región avanza la ultraderecha. Existe una intención de desregular la explotación de los recursos naturales, quieren promover un saqueo y evitar cuentas claras al respecto, en beneficio de las transnacionales, con un capital superior incluso a los valores de pib de cada país.
–¿Cómo manejan las naciones dominadas por el signo neoliberal la responsabilidad de las empresas hacia su sociedad?
–Ilustro con el caso de Perú: subsiste una enorme conflictividad social por causa y obra de la explotación minera, porque en muchas de las comunidades las extractivas obtienen ganancias ingentes de miles de millones. Sin embargo, las comunidades no lo perciben en su desarrollo, por medio de vías, hospitales y diversas infraestructuras necesarias.
«En medio de la COVID-19, Latindadd elaboró un informe sobre los impuestos a la riqueza de los millonarios. Al final, las personas de menos recursos resultan quienes más impuestos pagan de acuerdo con su dinero».
Tomado de Granma