El cáncer de la corrupción que atacó a Venezuela desde el mismo corazón de su economía, anda en fase quirúrgica. Liderada por el Fiscal General de la República, Tareck William Saab, la nación suramericana extirpa de a poco a quienes han tirado la piedra y luego escondieron la mano.

El caso PDVSA-Cripto comenzó en el mes de abril una segunda etapa pública –podríamos decir- tras obtenerse declaraciones de varios detenidos.

Esta trama, que no solo pretendió atentar contra la economía del país, sino también contra el Gobierno bolivariano como se demostró recientemente, tiene como principal líder al exministro del petróleo Tareck Al-Aissami, quien contó con el apoyo de Washington, la extrema derecha venezolana y, entre otras 54 figuras ya detenidas, Leopoldo López y Julio Borges.  

Sobre la implicación de estos dos dirigentes opositores, para quien William Saab solicitó ya una orden de captura internacional y extradición, el propio Fiscal anunció que son partícipes de «una red de funcionarios que asignaban a dedo cargas de crudo, coque y fuel oil a particulares y a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos».

El Aissami y sus ayudantes llegaron a ser un pranato, aseguró. Y develó que a través de vinculaciones con dos contratistas petroleras recibieron comisiones de la venta de al menos ocho embarcaciones de crudo, que les generó una ganancia de más de 1.000.000 millones de dólares.

«Una vez comercializados los productos asignados ilegalmente, los pagos correspondientes no ingresaban a PDVSA ni al Banco Central de Venezuela, sino que se distribuían de forma arbitraria y criminal entre los involucrados», esclareció.

Además, explicó que «con estos sujetos se coordinaban acciones, se establecían contactos con funcionarios de EE. UU., se hablaba abiertamente de derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, o se comentaba sobre la Operación Gedeón», de 2020.

Por otra parte, hizo hincapié en que tanto Leopoldo López como Julio Borges firmaron, junto a María Corina Machado, el decreto del Carmonazo, con el cual avalaron el golpe de estado del 11 de abril de 2002 contra Chávez.

Recientemente, expuso también la existencia de una «estructura mediática extorsiva» pagada por El Aissami, con el fin de llevare a cabo una guerra mediática en contra de autoridades, personalidades del Estado venezolano y empresarios.

En ese sentido, además de nombrar a los periodistas y portales web involucrados, detalló que estos continúan siendo financiados por la USAID.  Sin dudas, esta historia de corrupción no tiene un trasfondo únicamente de enriquecimiento personal. Destruir desde adentro a la Revolución Bolivariana es su objetivo. Atacan no solo el bolsillo del pueblo, sino también su conciencia. Son ladrones, desde cualquier ángulo que se les mire. 

Tomado de Granma