Alguien me lo cuenta y no le creo. Así que llego y toco, o más bien pregunto. Por el tomate, por las papas –que no nos tocan oficialmente, por “extremistas”, pero llegan igualmente cargadas en manos privadas y a precios todavía más particulares-, por la carne de cerdo…, y lo confirmo.

No es ver para creer, sino comprar para creer. Lo que se ve, los precios pintados con tiza en las tablillas y los bordes de las mesas donde descansan los productos, están pero no son, no funcionan.

Lo que existe es la boca del comerciante que dice que el valor real de sus productos no es ese numerito perfectamente borrable al que puedes tirarle cuantas fotos quieras, sino otro que sale de su boca y, sospechas, tiene una gran libertad de movimiento en dependencia de la pinta del consumidor y el ánimo de quien vende.

Pero esas variables, las últimas, son lo de menos.

Que el tomate, que se anuncia a menos de cinco pesos, exija hasta 12 por dar el salto de la tarima a la mesa. Que la carne de cerdo, topada desde hace varias semanas para que no asomara el hocico por encima de los 20 pesos, todavía quiera “coger” escaleras arriba, hasta los 25 y hasta los 30. Es el verdadero problema.

Y uno que no viene de ahora, cuando casi se concreta el esperado incremento de los salarios en el sector presupuestado, que en Guantánamo ocupa a casi el 60 por ciento de los trabajadores empleados por el Estado.

Seamos claros. En los últimos años, la tendencia de los precios en el sector privado sobre todo es al crecimiento. Y no hablo de esos centavos poderosos de los tiempos de mi abuela, sino de los años más recientes, cuando hemos visto escalar el precio de todo, desde los productos, hasta los bienes y servicios.

Tampoco digo que la subida de los salarios presupuestados no funcione, incluso antes de que se produzca, como un incentivo para elevar los precios sin que medien problemas extras en la gestión de la materia prima, nuevos impuestos o pagos, o algún evento hidrometeorológico de esos conocidos por arrasarlo todo.

Solo que hablamos de un tema que supera las circunstancias, los porqués y hasta los límites entre el sector estatal y el privado, en medio de un entorno donde también pesa el desabastecimiento, la inestabilidad del mercado externo, y más de una incoherencia en los procesos de producción, comercialización y términos de valor real y precio.

Para salirle al paso a los “alterados” –y en este caso, sí podríamos agradecerle a la decisión estatal de abultarnos las billeteras-, se arreció la exigencia sobre los precios topados y se estableció, con una premura digna de reproducir en otros contextos, un sistema de trabajo para recepcionar y gestionar denuncias desde la ciudadanía.

Un sistema que involucra, además, a la Dirección Estatal de Comercio como garante de la gastronomía estatal, la Unidad Estatal de Tráfico para el caso de los transportistas privados, la Dirección de Trabajo, Finanzas y Precios, la Dirección Integral de Supervisión y el Gobierno.

La respuesta de las personas no se hizo esperar. Fuentes de la Dirección Integral de Supervisión en la provincia, aseguran que al cierre de julio, en el municipio cabecera se aplicaron más de 85 multas de entre 100 y 225 pesos, según lo dispuesto en el Decreto 227 del 1997.

En la misma cuerda, esta semana se publicaron las Resoluciones de Finanzas y Precios 301, que dispone la prohibición de incrementar los precios dentro del sector estatal, incluyendo los márgenes comerciales; y la 302, para la regulación de los precios de venta de los cuentapropistas, las unidades básicas de producción cooperativa y las cooperativas agropecuarias, de créditos y servicios y no agropecuarias.

Lo anterior, empero, es más que una solución, un paliativo. Una medida que ataca a las manifestaciones molestas y se agradece, pero deja intacta las raíces, las esencias.

A fin de cuentas, el problema no es que una tarima tenga productos de gran calidad a precios exorbitantes, sino la falta de alternativas más asequibles en forma de placitas que, a juzgar por la estructura de producción de este país, deberían ser el eslabón más fuerte y son, en la práctica, el más débil.

Sobre todo, el problema es el salto productivo que todavía esperamos, a pesar del incremento de las áreas bajo riego, la creciente mecanización, la producción de fertilizantes, bioestimulantes y plaguicidas a nivel local y el establecimiento de polos productivos donde se concentran facilidades y medios.

Mientras tanto, bien vale trabajar como podamos contra el incremento de precios. Con la concientización de los comerciantes, con las listas de los topados, con las nuevas resoluciones, a golpe de inspectores, de denuncias…

Cualquier cosa que frene, al menos un poco, ese juego absurdo de gatos y ratones sobre una mesa que, cada día, es más difícil de llenar.