La concepción sobre el sistema judicial se ha ido transformando en Cuba, al conjuro de los cambios operados en el campo económico y social, después del triunfo de la Revolución, el primero de enero de 1959.

Con un sistema de Corte tradicionalista, muy influido por las ideas jurídicas de la ex metrópoli española, la estructura y funcionalidad del poder judicial durante la República mediatizada se mantuvieron estáticas, con sus mismos vicios y prácticas deshonestas.

Pero, a partir de 1963, impulsado por el doctor Fidel Castro Ruz, en su condición de Primer Ministro, comenzaron a constituirse los Tribunales Populares, como un sistema paralelo al poder judicial tradicional, encargados de conocer y resolver los delitos de menor cuantía.

Estos Tribunales, fruto de la elección popular de los ciudadanos en los barrios, se formaban como órganos colegiados, con jueces legos, es decir, no profesionales. Esta concepción, resultado de una revolución democrática y popular, encerraba un profundo sentido de limpieza, transparencia, control social y popular en la actividad de impartir justicia.

El avance del proceso revolucionario y su necesaria institucionalización, llevó a primer plano la tarea de la unificación de las distintas jurisdicciones (militares- tribunales revolucionarios) en un sistema único de tribunales populares.

Con ese espíritu nace el 23 de junio de 1973 la Ley número 1250, sobre el Sistema Judicial, que recogió lo más positivo de nuestra propia experiencia y la de otros países de amplia base popular. Se incorporan a esta función la materia laboral, para años después integrar a ella los conflictos de carácter económico, y se independizó del Ministerio de Justicia, que quedó estructurado como un Órgano de la Administración Central del Estado.

La promulgación de la Constitución de 1976 implicó un nuevo ajuste a la Ley de Organización del Sistema Judicial, que alcanzó su expresión con la Ley número 4 de 10 de agosto de 1977, la cual derogó la anterior.

El proceso de perfeccionamiento del trabajo judicial promovió la realización de nuevos cambios y ajustes que quedaron plasmados, primero en la Ley número 70 de 12 de junio de 1990, y siete años después en la Ley número 82, de 11 de julio de 1997, ambas denominadas Ley de los Tribunales Populares, vigente en estos momentos.

La justicia en Cuba se imparte con total apego a la ley y al Debido Proceso, caso a caso, diferenciando, individualizando, apreciando todas las circunstancias concurrentes en el hecho para adecuar la pena, tal ejercicio se acompaña desde la racionalidad, la lógica y la inteligencia de los jueces que colegiadamente deciden el fallo.

Se precisa de un necesario equilibrio entre rigor, ponderación y equidad a partir de las condiciones personales del comisor y la connotación social del hecho, sin dejar de ser firmes y rigurosos.

Hoy, cuando el país retorna de manera gradual la nueva normalidad, es retadora la misión de los tribunales a partir de la reciente aprobación por la Asamblea Nacional del Poder Popular de cuatro leyes que uniforman los procedimientos para la tramitación y solución de los asuntos, con modificaciones sustantivas y procesales que entran en vigor el primero de enero de 2022. Como novedades de los textos antes señalados destacan, entre otras.

• Un incremento apreciable del acceso a la justicia, como derecho fundamental de las personas.

• Se refuerza el principio de presunción de inocencia y se reconoce a la víctima o perjudicado como parte en el proceso.

• Se formulan de manera precisa y desglosada los presupuestos de actuación que conforman el Debido Proceso, entendido como el respeto de los derechos inherentes a las personas.

• Posibilidad de nulidad de los actos procesales que ocasionan perjuicio a los intervinientes.

• Reconoce el derecho a la defensa de todo imputado desde el inicio del proceso, que se fija a partir de la instructiva de cargos del imputado.

Como se puede apreciar los cambios y reformas contenidos en los textos aludidos refuerzan la preceptiva constitucional, impactan directamente al Sistema de Tribunales y marchan en la dirección de un sistema de justicia cada vez más democrático, transparente y garantista.