El triunfo del primero de enero de 1959 marcó el comienzo de la ruptura del dominio total que Estados Unidos ejercía sobre la economía cubana, y constituyó, a la vez, el factor decisivo para que a partir de ese momento empezaran las acciones encubiertas en contra del naciente Gobierno revolucionario.

Desde un inicio se hizo prácticamente imposible realizar negociación alguna con el imperio, por su no reconocimiento del nuevo Gobierno cubano como estado independiente y soberano y, por tanto, en igualdad de derechos en el plano bilateral.

Ya en julio de 1959 se elaboró un memorándum en el Departamento de Estado, en el que se mencionaban medidas de guerra económicas posibles a aplicar contra Cuba, entre las que se encontraban la disminución o suspensión de la cuota azucarera, el desaliento a la inversión y el impedimento a transacciones financieras.

En abril de 1960 el subsecretario de Estado, Léster D. Mallory, elabora un documento en el que se explica claramente hasta donde Estados Unidos estaba dispuesto a llegar. Este planteaba: “El único medio previsible para enajenar el apoyo interno es a través del desencanto y el desaliento, basados en la insatisfacción y las dificultades económicas (...) una línea de acción que tuviera el mayor impacto es negarles dinero y suministro a Cuba, para disminuir los salarios reales y monetarios, a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno”.

El fracaso de la invasión mercenaria de Playa Girón, en abril de 1961, y la Declaración del carácter socialista de la Revolución convenció a los gobernantes estadounidenses de que Cuba no era un hueso fácil de roer y, por tanto, se imponían nuevas acciones públicas y encubiertas para el anhelado cambio de régimen en la Isla.

Mediante la firma de la orden ejecutiva presidencial 3447, del 3 de febrero de 1962, bajo la cobertura legal de la Ley de la Asistencia Extranjera de 1961 se establece, formalmente, el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, aunque mucho se había hecho ya en el campo de las agresiones contra nuestro país desde 1959. Pero es la Ley de Comercio con el enemigo, de febrero de 1962, la que instaura lo que ellos llaman eufemísticamente “embargo”, que en la práctica es un férreo bloqueo que oficialmente acaba de cumplir 60 años.

Por su parte, Cuba, desde 1961 a 1989, logró resistir el asedio y las agresiones del Norte desarrollando nuevas relaciones económicas con la Unión Soviética, nación que brindó un suministro seguro de combustible y mercado para el azúcar.

En esos años se exacerbaron las contradicciones del modelo socialista aplicado en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y en Europa Oriental, las que llevaron al derrumbe del socialismo en el viejo continente de 1989 a 1991.

Con el colapso de este desaparecieron de manera abrupta las relaciones económicas en términos favorables y la economía cubana entró en la crisis más profunda que debió enfrentar el país desde 1959, hecho denominado Período Especial en tiempo de Paz.

Esa situación económica no pasó inadvertida para los que diseñaban el bloqueo contra Cuba. En medio de tales circunstancias se aprobó en octubre de 1992, en los Estados Unidos, la Ley Torricelli (Ley para la Democracia en Cuba, que prohibía la entrada a territorio estadounidense de todo barco que tocara puerto cubano, así como la reducción de la cifra de remesas autorizadas de 500 a 300 dólares trimestralmente.

Cuatro años más tarde, en marzo de 1996, el presidente Bill Clinton firma la Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática, conocida como Ley Helms-Burton, con lo que la aplicación del bloqueo contra Cuba pasaba a ser decidido por el Congreso y no por el presidente, como había ocurrido hasta entonces.

Aunque no era la primera vez que se pretendía aplicar normas jurídicas de Estados Unidos con carácter extraterritorial, la forma en que se formulaban desató un conflicto internacional. De ese modo se aprobaron o se reformularon en el propio año un conjunto de “leyes antídoto”, en Canadá, México y la propia Unión Europea.

Por su parte, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó ese año la Ley de Reafirmación de la Dignidad y la Soberanía Cubanas (Ley 80) (que declara ilícita la Ley Helms Burton). Esta fue complementada en 1999 con la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba (Ley 88), la cual fija penalizaciones para los casos en que se contribuya con la aplicación de la Ley Helms Burton.

Mucho se ha dicho y escrito sobre este crucial tema, no han faltado condenas y denuncias públicas, tanto en el orden nacional como internacional, en lo que a todas luces califica como el principal obstáculo para el desarrollo de la Isla.

Desde 1992 se presenta todos los años ante el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas el proyecto de resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, que ha logrado el respaldo casi unánime de la comunidad internacional. Estados Unidos, que en 30 años solo ha conseguido cuando más seis votos en una votación, se niega a aceptar la voluntad del concierto de naciones, expresadas mediante el voto de sus 193 estados miembros.

Cuando uno aprecia la desmedida persecución financiera de nuestras operaciones en los bancos de diferentes latitudes del mundo, las prohibiciones de transacciones de compañías estadounidenses con entidades cubanas y la negativa de ese Gobierno en un contexto pandémico de negar el acceso de ventiladores pulmonares a pacientes enfermos por COVID-19, corrobora que es una despiadada guerra económica y un odio que no conoce límites ni tiene precedentes en la historia de la humanidad.

Entonces el bloqueo no es un pretexto de Cuba para esconder insuficiencias en la gestión de Gobierno, este es real, afecta al pueblo y a las familias cubanas, más ahora que está reforzado e incrementado con 243 medidas establecidas por la Administración Trump y mantenidas por el actual inquilino de la Casa Blanca. Un “estado fallido”, como se cansan de pregonar los hacedores del odio, no resiste sortear tantos años un cerco económico de esta magnitud, solo la estoica capacidad de resistencia del pueblo cubano y su unidad inquebrantable en torno al proyecto social que defiende nos ha permitido enfrentarlo.

Este es una política fracasada, anclada en el tiempo, es inmoral e inhumana y está orientada al colapso de la Revolución cubana. Ese engendro genocida ha causado pérdidas acumuladas al cierre del año pasado que superaban los 140 mil millones de dólares, además de los incalculables daños humanos a varias generaciones de cubanos.

Al respecto, en la clausura del segundo pleno del Comité Central del PCC, el presidente de la república y primer secretario del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, señaló: “La estrategia imperialista es crear el máximo de descontento dentro de nuestro país. Fomentar la inestabilidad a través del empeoramiento de las condiciones de vida de la población, ponernos cada vez más difícil la posibilidad de sobrevivir, para conducirnos al estallido de un conflicto violento”.

A las pretensiones genocidas del imperio, el pueblo y el Gobierno cubanos les responderemos: plan contra plan.