El devenir constitucional cubano nació el 10 de abril de 1869 en el pequeño poblado de Guáimaro, actual provincia de Camagüey; todavía la fecha no alcanza su verdadera dimensión histórica y jurídica.

En poder de las fuerzas mambisas, Guáimaro constituyó el escenario de un acontecimiento político relevante que marcó los derroteros de la revolución del 68, fue el anuncio de la república a que se aspiraba, de ahí su particular importancia.

Reunidos en Guáimaro del 10 al 12 de abril de 1869, los representantes de las tres zonas en beligerancia (Oriente, Camagüey y Las Villas) se empeñaron en presentar a la metrópoli española un frente de combate único.

Sin tiempo apenas para conocerse y armados de criterios divergentes, incluso antagónicos sobre los temas a tratar, los asistentes (delegados) superaron sus desacuerdos conceptuales anteponiendo el amor patrio y la vocación de servicio a la causa cubana.

Después de duros debates aprobaron una peculiar y autóctona forma de estado –la República de Cuba en Armas– sus instituciones democráticas y una constitución que sirviera de base programática en la lucha de liberación nacional.

Las revoluciones independentistas en Cuba crearon una práctica constitucional desde sus primeros momentos, elaboradas en la manigua normaron la vida de los ciudadanos que vivían y luchaban en el territorio dominado por los mambises, lo que se acompañó de un cuerpo de leyes que regulaban la vida en Cuba libre y donde se proclamó el propósito de libertad e independencia acompañado de la plasmación jurídica del estado nacional a que se aspiraba y se estableció la clásica división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, como practica constitucional.

También se reconoció la libertad de culto bajo la concepción de estado laico; el derecho al sufragio de elegir y ser elegido con determinados requisitos y en las condiciones de guerra destacó como un deber la defensa de la Patria, al establecer que todos los ciudadanos de la República se consideran soldados del Ejército Libertador.

La Constitución de Guáimaro estableció una tradición innegable en la nación cubana que pugnaba por crear su estado independiente y allí comenzó también una forma nueva práctica de construir consensos para el bien nacional, el debate popular y la reflexión colectiva como sustento de la unidad y la cohesión entre todas las fuerzas patriotas.

Nuestro José Martí al referirse a este suceso dijo:

…a tenor de leyes propias y generosas crearon estado… y en su imperfecta forma y en su incompleta aplicación despertaron en una gran parte de la isla aficiones, creencias, sentimientos, derechos y hábitos nuevos.

Han transcurrido 154 años de aquel memorable suceso, los principios fundacionales perduran, las esencias no cambian, el concepto asambleísta se robustece al igual que la representatividad del pueblo a través de delegados y diputados. Entre duras carencias, unido a serias y crecientes dificultades, la IX legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que en pocos días expira su mandato, cumplió cabalmente su cometido, sin perder la brújula en el cumplimiento de su amplia reforma legislativa, que sin dudas ha fortalecido la legalidad y el ejercicio del derecho en Cuba.

Para que se tenga una idea de la magnitud de lo alcanzado desde el 10 de abril del 2019, fecha de entrada en vigor de la nueva Constitución, se han aprobado 121 normas jurídicas de rango superior (35 leyes y 86 decretos leyes), algo sin precedentes en el país y que ha permitido darle cumplimiento a todas las disposiciones transitorias contenidas en la Constitución de la República.

Momento relevante del periodo lo constituyó sus últimos seis meses, cuando en ejercicio de participación popular sin precedentes pusimos otra vez a consenso de las mayorías espacios democráticos para participar, opinar y ser parte activa desde el aporte individual, ejemplo de lo anterior fueron la consulta popular del Código de las Familias, el referendo legislativo de la propia norma, las elecciones municipales para elegir los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular y finalmente las elecciones nacionales para elegir diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Cuando el próximo 19 de abril se constituya el máximo órgano del poder del estado, seremos testigos excepcionales de un momento singular de la historia, sosteniendo como bandera el constitucionalismo de Guáimaro que perdura.

El reto es grande y muy comprometido. Para la próxima legislatura en la agenda están previstas 57 nuevas leyes y 21 decretos ley, entre ellas: Ley de empresas, de la vivienda, de la salud pública, de protección a los derechos del consumidor, de atención a la población y de comunicación social, por solo citar algunas de las más esperadas por nuestro pueblo.

Con el ímpetu de los padres fundadores del derecho, el legado de los constituyentes de Guáimaro y el ejemplo de Martí y Fidel, la presente generación de diputados continuará trabajando por dotar de la necesaria fortaleza jurídica todo cuanto se haga en el país, con una participación cada vez mayor en el ejercicio legislativo en función de ser cada día mejores servidores públicos.