Entre los sectores vitales para la economía y la vida del país, es la Agricultura uno de los que más demanda dinamismo, transformación, revolución… No en balde constituye punto fijo en cualquier espacio de debate y análisis en torno al pasado, presente y futuro de la nación, la necesidad de lograr mayor soberanía y seguridad alimentaria, para reducir importaciones y, sobre todo, suplir la demanda en frutas, viandas, vegetales, proteínas…

Precisamente, como una forma de impulsar los cambios en el sector, y como parte también de la actualización del cuerpo legislativo que vive el país, Cuba prepara para los venideros días su propuesta de Anteproyecto de Ley de Tierras, reconociendo que si bien desde el propio triunfo de la Revolución ha sido amplio el quehacer normativo en esa área, urge hoy para el campesino el ordenamiento legal y más centrado de su uso y posesión.

La normativa traerá impactos directos en el control y las garantías jurídicas a los campesinos, quienes encontrarán en ese corpus legal un instrumento para su quehacer diario y protección, eliminando la dispersión en resoluciones, decretos, políticas, que, lamentablemente, no se conocen cabalmente.

El Ministerio de la Agricultura (Minag), en un artículo publicado en su sitio web, recuerda que desde la propia Constitución de la República se reconocen las formas de propiedad sobre la tierra, la protección del derecho a la alimentación sana y adecuada, el acceso a la justicia, y el debido proceso y procedimiento, en función del desarrollo sostenible y la prosperidad.

La Ley de Tierras vendría, pues, a desarrollar y explicar cómo se cumplen estos preceptos constitucionales de gobernanza responsable de cada terruño, a tono con los convenios internacionales sobre posesión, uso y acceso a la tierra y bienes agropecuarios: la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y personas que trabajan en las zonas rurales; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer...

Diversos son los acápites que regula el texto, pero vale resaltar entre los capítulos que se proponen el referido a los principios que rigen la posesión y uso sostenible de las tierras y bienes agropecuarios, que incluye el régimen institucional y las funciones de los Órganos del Estado, organismos de la Administración Central y los Órganos locales del Poder Popular en esa materia.

Igualmente, se regula el uso sostenible de la tierra, tanto para la actividad agropecuaria como la forestal, las formas de propiedad agropecuaria, la propiedad socialista y de las cooperativas, la inscripción y registro de la tierra, la entrega en usufructo de tierras estatales ociosas y no ociosas, la transmisión del dominio sobre bienes y tierras; los contratos de compraventa, permuta y donación, así como de la transmisión de esos recursos de los campesinos que emigran del territorio nacional o viajan por intereses particulares al exterior, y la sucesión por causa de muerte; las infracciones, contravenciones...

Desde octubre de 2022, el Minag constituyó el Grupo Temporal de Trabajo para la elaboración de la propuesta de Anteproyecto de Ley, de cuya existencia depende también la implementación de la Ley 148 De Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, del 14 de mayo de 2022, para implementar sus acciones a las problemáticas existentes hoy en el país, así como dinamizar la producción agropecuaria, que tanto se reclama.

El quehacer del Grupo ha estado acompañado por proyectos de colaboración internacional, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), representantes de organismos de la Administración Central del Estado, del Sistema empresarial de la agricultura, asociaciones, institutos de investigación, académicos, expertos y productores agropecuarios.

Pero para construir la nueva Ley de Tierras, otros sectores de la sociedad pueden aportar. La Dirección Jurídica del Ministerio de la Agricultura creó un espacio en el sitio institucional en el que todos los sujetos agrarios, propietarios y usufructuarios de tierras y otros vinculados con la producción de alimentos, así como la sociedad civil cubana pueden comentar para que no quede solo en esfuerzos institucionales la implementación de lo propuesto.

Las posibilidades son de aportar criterios de adición, supresión, modificación… por el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..

La Ley de Tierras complementa todo un sistema de normas, que desde el pasado año regulan la producción, desarrollo y uso de los biofertilizantes, bioestimulantes y bioplaguicidas de uso agrícola, la recuperación de la ganadería, las ventas directas de las cooperativas y agricultores pequeños a las entidades del Turismo, el perfeccionamiento de las bases productivas, la gestión integral de la agricultura, los procedimientos para obtener los permisos de importación de material genético de origen animal o vegetal, la actualización de la Política del Plan Turquino, las de Extensión Agraria y Agroecología… todas necesarias e impostergables para el campo.

Ciertamente, la nueva norma jurídica no significará para los cubanos tener comida de inmediato en nuestras mesas, pero sí sentará las bases y garantías legales para “levantar” trabas a los productores, facilitar estímulos, bonificaciones..., organizar la actividad agropecuaria y forestal, sin lo cual será imposible alcanzar la satisfacción del derecho a la alimentación del pueblo.