El cierre económico del segundo cuatrimestre en Guantánamo dejó más preocupaciones que certezas. A solo un período para concluir el año, los números no auguran un panorama alentador; al contrario, urgen medidas concretas que permitan encarar la recta final de 2025 con una estrategia más sólida, capaz de revertir tendencias que hoy amenazan la estabilidad del territorio.

El encuentro del Consejo Provincial del Poder Popular dejó en claro que, aunque indicadores como las ventas netas y la circulación mercantil muestran un cumplimiento del 101 y 102 por ciento a nivel provincial, respectivamente, esos datos globales maquillan los rezagos de municipios como Manuel Tames, Yateras, San Antonio del Sur, Imías, Niceto Pérez y hasta la propia cabecera provincial, donde los incumplimientos terminan por golpear directamente al ciudadano común. Un promedio que se presenta como éxito colectivo no puede esconder la desigualdad territorial en la gestión económica.

Datos que preocupan si tenemos en cuenta que el indicador de producciones físicas presenta un discreto 49 por ciento de cumplimiento, la mitad de lo planificado. Esto se traduce a que, si bien los índices de circulación mercantil y ventas netas tienen números verdes, se deben a una subida de precios más que a la cantidad de ventas.

En cuanto a la producción física, no solo significa únicamente que la provincia no produce lo suficiente para atender las demandas locales; implica además que se rompe un eslabón clave en la cadena de abastecimiento nacional, que depende del aporte de cada territorio para garantizar equilibrios productivos. Un territorio que no produce es un territorio más vulnerable, y esa vulnerabilidad se multiplica a nivel país.

Especial atención merece la cifra de ocho empresas que reportan pérdidas. Que dentro de esa lista se encuentre la Empresa Alimentaria Provincial no es un detalle menor, lo que en un informe aparece como números en rojo, en la vida diaria se traduce en desabastecimiento, encarecimiento de productos básicos y expansión del mercado informal. La llamada a incrementar la producción nacional y sustituir importaciones se debilita cuando las estructuras encargadas de sostener ese propósito no logran ser rentables.

Otro de los puntos críticos es la política tributaria. Los datos oficiales reflejan una deuda de más de 41 millones de pesos en personas naturales y déficit de 20 millones 587 mil en entidades estatales y no estatales a raíz del impago de impuesto.

Hablamos de poco más de 60 millones de pesos que no ingresan al presupuesto, dinero que debía transformarse en escuelas reparadas, viviendas construidas, calles asfaltadas o servicios sociales mejorados. Cada peso no recaudado es una oportunidad perdida para elevar la calidad de vida del guantanamero. Y lo más grave, buena parte de esas cifras obedece no solo a limitaciones objetivas, sino también a falta de disciplina y control.

Ciertamente, Cuba enfrenta factores externos que presionan la economía: bloqueo, crisis global, encarecimiento de importaciones. Sin embargo, los resultados presentados en Guantánamo evidencian que no todo responde a esas causas, existe falta de planificación y baja exigencia administrativa.

La población exige eficiencia, y la empresa estatal socialista, columna vertebral del modelo económico, debe reinventarse con urgencia para no convertirse en un lastre. Ello implica control riguroso, innovación productiva y apertura a nuevas formas de gestión que eviten pérdidas y garanticen estabilidad.

El panorama no puede ser este al cierre de 2025. Cada cifra fría que se presenta en un informe esconde detrás un rostro humano, la familia que no consigue un producto básico, el campesino que no logra vender a precios justos, el trabajador que ve cómo su salario pierde valor en un mercado desabastecido. La economía no es una suma de números, sino la respiración diaria de un pueblo.

El diagnóstico está hecho. Ahora corresponde a los gobiernos locales, a las empresas y a las autoridades sectoriales responder con medidas firmes y realizables. De lo contrario, la población seguirá pagando el costo de malas gestiones. Y ese costo, más allá de lo económico, se traduce en desgaste social, en pérdida de confianza y en un retraso que el país no puede permitirse.