Un acto de rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba tuvo lugar en el Parque José Martí, con la participación de integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y autoridades del territorio.
La actividad contó con la presencia de Yoel Pérez García, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, así como de Yailis Fernández Castellano, secretaria general de la FMC en Guantánamo.
Durante el encuentro se expusieron las principales afectaciones genera el bloqueo en sectores sensibles como la salud y la educación, con énfasis en el Programa Materno Infantil, una de las prioridades del sistema sanitario cubano.
Intervenciones realizadas en el acto señalaron dificultades para la adquisición de insumos médicos, equipos especializados y piezas de repuesto, lo que incide en la atención a gestantes, recién nacidos y pacientes en estado crítico. En particular, se mencionaron limitaciones relacionadas con tecnologías de neonatología, necesarias para el tratamiento de bebés con complicaciones al nacer.
A pesar de estas restricciones, se destacó la sostenibilidad de indicadores de atención médica, pese a las tensiones derivadas del contexto económico actual.
Asimismo, se abordaron carencias en el sistema de educación especial. En la Escuela 14 de Junio, destinada a la enseñanza de niños con discapacidad, se reportan dificultades con la disponibilidad de materiales en sistema Braille, así como con equipos de escritura y su mantenimiento técnico.
De igual forma, se señalaron limitaciones en el acceso a insumos y prótesis auditivas para menores con discapacidad auditiva, lo cual incide en su proceso de aprendizaje e inclusión social.
Como parte del acto, Fernández Castellano dio lectura a una declaración de la FMC en rechazo al bloqueo, en la que se reiteró el impacto de esa política sobre la población cubana y, en particular, sobre mujeres, niños y sectores vulnerables.
La jornada constituyó un espacio de denuncia y reflexión sobre los efectos de las sanciones de los EE.UU en la vida cotidiana, así como la reafirmación del compromiso de las organizaciones sociales con la denuncia permanente de dichas medidas unilaterales que afectan programas priorizados en el país.
