Diez entidades de Guantánamo, San Antonio del Sur y Baracoa estarán en la mira, desde esta semana hasta el 30 de octubre, como parte de la XV Comprobación Nacional al Control Interno, con el objetivo fundamental de evaluar el fortalecimiento de la empresa estatal socialista.
Esbelín Mendoza Velázquez, contralora jefa en Guantánamo, explicó que se realizan auditorías de cumplimiento para calificar -de satisfactorio, aceptable, malo o deficiente- el sistema de control interno, el cumplimiento de las legislaciones, y el empleo del combustible, incluido el tecnológico.
Se evalúan la gestión administrativa, el uso eficiente de recursos y el encadenamiento entre los actores de la economía, sobre todo en la producción de alimentos, industria nacional, desarrollo de los territorios y las exportaciones; y las 43 medidas de perfeccionamiento del sistema empresarial.
De manera específica, se chequearán las cuentas por cobrar y pagar, el inventario, la contratación y el cumplimiento de las directivas para el enfrentamiento al delito, las ilegalidades y los hechos de corrupción, vinculado con las medidas de los planes de prevención de riesgos.
El trabajo, precisó la contralora, se enfoca en cinco de las nueve metas del Programa de Desarrollo para el 2023, referidas al incremento de las exportaciones, la producción de alimentos, los materiales de la construcción, el transporte y las inversiones.
Entre las entidades que recibieron a los equipos de la Comprobación, Mendoza Velázquez menciona las empresas filiares de Tabaco Torcido de Guantánamo y de Conservas y Vegetales del Valle de Caujerí, y la Empresa provincial de Transporte.
La mayor representación, este año, corresponde al sector de la Construcción, en tanto se interviene en las Empresas provinciales de Materiales de la Construcción, Epmalco, y de la Construcción, Epcons, y sus Unidades Empresariales de Base en Baracoa.
Participan en la Comprobación 68 auditores y contralores de la Contraloría General de la República y el Sistema de Auditoría en Guantánamo, inspectores de las Oficinas de Inspección del Trabajo y Normalización, 33 estudiantes de Derecho, Ingeniería Industrial y Auditoría, y dos profesores.
