En un recuento pormenorizado de los hechos que han desencadenado un conflicto entre vecinos, Rosalba Herrera Hechavarría, denuncia lo que considera un caso de abuso con su madre, una anciana de 85 años de edad, que reside en el edificio 15 de la calle 15 norte entre 4 y 5 oeste, en el reparto residencial Caribe, de la ciudad de Guantánamo.
En carta dirigida a la dirección del semanario, esta guantanamera vecina de la misma comunidad donde vive su progenitora, explica que desde 1986 y hasta 2011, se prestaba el servicio de abasto de agua a varios edificios con el empleo de una turbina trifásica que, según el reglamento para inmuebles multifamiliares, era de uso colectivo y los moradores solo pagaban el servicio.
En 2011, relata, se rompió ese equipo y no lo repusieron, por lo que el delegado de la circunscripción hizo una gestión para solucionar el problema, y fue así como a través de la actualmente conocida como Empresa provincial de Conservación a la Vivienda, les asignaron un bono para adquirir otra bomba, que sería medio básico si todos los moradores pagaban el costo de la misma.
''El delegado -explica Rosalba en la misiva-, en coordinación con la presidenta del Comité de Defensa de la Revolución, convocó en tres ocasiones, en horarios asequibles para que todos los vecinos participaran y conocieran de la gestión realizada, y expuso que debíamos pagar esa turbina. Pero ningún vecino se comprometió porque en aquel entonces el agua llegaba por gravedad hasta los apartamentos del tercer piso''.
Sucedió, que la presidenta del Comité devolvió el bono al delegado y le comunicó que casi todos los vecinos se negaban a dar dinero para la compra del equipo. ''Entonces me personé ante el delegado y le solicité me autorizara adquirirlo, pues al vivir en un cuarto piso a mi madre no le llegaba el preciado líquido, al igual que a la vecina de la vivienda de enfrente'', relata.
Con el consentimiento de esa autoridad del barrio y la aclaración de que si en los meses posteriores a la adquisición, otras personas del edificio se interesaban en aportar el dinero, debíamos dejarlos participar, los residentes en los dos apartamentos afectados, compraron la turbina. Tuvieron que gestionar por otra vía, y pagar, varios aditamentos necesarios que le faltaban a la bomba, más la mano de obra para la instalación.
En 14 años solo una vecina del tercer piso mostró interés en recibir ese beneficio y se le concedió, y desde entonces no se habían presentado problemas, pero...
''El mes pasado dos vecinos de la segunda planta solicitaron unirse al sistema que compramos e instalamos, pues la presión de agua disminuyó y ya no les llega como antes, por gravedad. Les concedimos el derecho, pero se opusieron a pagar el costo que para nada tienen los valores de precios actuales, y ante la negativa, se quejaron al delegado, quien vino al edificio y convocó dos reuniones para buscar una solución.
''Ellos -los vecinos a quienes ya no les llega el agua por gravedad- plantearon tener una turbina que podían poner a funcionar, pero querían que quitáramos la nuestra. Se llegó al consenso de que instalaran su equipo y usaran uno de los tanques elevados, puesto que un depósito de ese tipo está concebido para abastecer a cuatro apartamentos''.
Según narra la carta, aún no ha quedado zanjado el problema, a pesar de varias reuniones y gestiones de ambas partes y, por el contrario han tenido lugar encontronazos e incomprensiones, con amenazas de agresión física, incluidas.
Entre los últimos análisis, Rosalba hace referencia al efectuado el pasado martes 2 de julio, ocasión en que, con la presencia de la presidenta del Consejo Popular Caribe, se constituyó la junta de vecinos, que hasta entonces no existía, y en la directiva resultaron elegidos los vecinos que están en litigio. También refiere otras reuniones con representantes de Vivienda como entidad rectora de las normas y regulaciones para edificios multifamiliares, y ''lejos de ayudar, lo que han provocado más problemas, al punto de plantear que mi madre no es la dueña del equipo, que es de uso colectivo y del mismo deben beneficiarse todos los vecinos, sin pago alguno'', expresa la misiva.
Pero el conflicto entre los vecinos sigue y a Rosalba le preocupa que suba de tono. Y queda claro, que si desde el principio Vivienda hubiese actuado con rigor para que los vecinos que se negaron a pagar comprendieran que vivir en un edificio multifamiliar conlleva a cumplir ciertas normas, quieran o no, otra sería la historia. Pero no sucedió así y ahora dicha entidad debiera intervenir de manera justa e imparcial para que ese litigio se resuelva de la mejor manera y para el bien de todos.
