El artículo 60 de la Constitución de la República dispone que: El Estado favorece en su política penitenciaria la reinserción social de las personas privadas de libertad, garantiza el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las normas establecidas para su tratamiento en los establecimientos penitenciarios.
Asímismo, se ocupa de la atención y reinserción social de las personas que extinguen sanciones penales no detentivas o cumplen otros tipos de medidas impuestas por los tribunales.
Con apego a tal mandato constitucional, la noticia no por esperada concitó gran impacto en el pueblo, la familia cubana y la comunidad internacional: Coherente con la práctica común de nuestro sistema de justicia, se anunció el pasado día 14 de enero, la decisión de beneficiar a 553 personas sancionadas de todo el país, entre ellos guantanameros, en debido proceso por delitos diversos tipificados en la Ley 151 de 2022 Código Penal vigente.
A ello sumar los más de 10 mil sancionados con privación de libertad que a nivel de país entre 2023 y 2024 fueron excarcelados de manera anticipada con distintas modalidades de beneficios establecidas por la ley, dígase libertad condicional o licencia extra penal.
Las personas durante ese periodo a prueba, que es lo que le resta por cumplir de la sanción, y como parte del proceso de reinserción social y progresividad, están bajo el control y la influencia del jefe de sector de la policía, el juez de ejecución y los órganos de prevención que actúan a nivel de la comunidad y de todas las organizaciones sociales y de masas.
Después de la noticia varias personas me han abordado preguntándome si se trata de amnistía o de indulto como para fin de año generalmente se hace, ni lo uno, ni lo otro, la primera lleva implícita la extinción total de la sanción y no la decide el Tribunal, mientras que la segunda, es una facultad expresa del Presidente de la República.
Se trata en esta ocasión de beneficios de excarcelación anticipada que establece la ley de Ejecución penal.
Sin duda, la decisión expresa la naturaleza justa y el sentido humanista en que se sustenta el Estado Socialista de Derecho que se anuncia en el pórtico de la Constitución de la República.
Apegados a valores, a principios y sustentados en una alta ética, actúan nuestros jueces y tribunales a nombre del pueblo.
