Días atrás familiares y amigos debatíamos sobre los calificativos utilizados para definir al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba. ¡Gran polémica!
Dos interrogantes abrasaron la conversación: ¿por qué el bloqueo económico es un acto de genocidio? ¿Por qué emplear la carga semántica de este denominador para referirse a un conjunto de leyes aprobadas por el Congreso de un Estado?
Con muchas dudas y ante la impotencia de no tener a mano una respuesta sólida, comencé una búsqueda en sitios web que durante estos días, reflejan en sus agendas contenidos vinculados al tema, así como pronunciamientos de organizaciones, personalidades y países que condenan el cerco económico. Explicaciones sobran:
Genocidio significa, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad.
Al mencionar este término -inexistente hasta 1944, cuando fue necesario nombrar a los asesinatos masivos contra comunidades o grupos- es razonable que evoquemos referentes como en el Holocausto, cuando fueron perseguidos y asesinados millones de judíos en los campos de reconcentración; la destrucción en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, o los ataques a civiles durante la II Guerra Mundial, que ocasionaron millones de muertes.
En tanto, el bloqueo comprende un conjunto de medidas de coacción y agresión económica. Expresa el "aislamiento", la "asfixia" y la "inmovilidad".
Para 1909, en la Conferencia Naval de Londres, se delimitó como principio del derecho internacional que el "bloqueo es un acto de guerra". La política de bloqueo califica como "crimen internacional de genocidio", conforme con lo definido en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948 y de la cual Cuba es Estado parte desde 1953.
La pretensión es tan histórica como la Revolución misma, el 6 de abril de 1960, el subsecretario de Estado, Lester D. Mallory definió el propósito de esta política, cuyo objetivo es "provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria [...] debilitar la vida económica negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno".
Más claro ni el agua. Por su intención declarada y efectos directos, según subraya la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, "el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba califica como un acto de genocidio, de conformidad con los incisos b y c del Artículo 2 de la Convención de Ginebra para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948".
Y he aquí donde ambos términos se relacionan: el bloqueo entrañan una conducta genocida, en su esencia concibe cortar, cerrar, incomunicar a nuestro país con el comercio en el mundo y en consecuencia hacernos rendir por hambre o fuerza.
Estados Unidos emplea el término "embargo" para encubrir una guerra no declarada contra el pueblo de Cuba y desconoce el acto de "bloqueo" contra la isla. Nuestro país no debe nada la administración norteamericana y muchos menos ha cometido delito que faculte el secuestro y liquidación de bienes a favor de la potencia imperialista.
El bloqueo económico y financiero, declarado totalmente el 7 de febrero de 1962, por el entonces Presidente de los Estados Unidos, J. F. Kennedy, es un acto de genocidio e intenta por razones políticas rendir al pueblo de Cuba en la más difícil situación de hambre y penuria. Este calificativo nombra, entre otros, la verdadera esencia de esta política injusta e ilegal que debe cesar ya.
Es una violación flagrante y sistemática de los derechos humanos de un pueblo entero, intenta someter a los cubanos a condiciones de existencia que le pueden conducir a daños físicos, totales o parciales, todo con la marcada intención de hacer ceder a nuestro pueblo en su lucha y decisión de ser soberano e independiente.
Cuba no es amenaza para la seguridad de la patria de Lincoln, aplicar medidas contra ella, amparados en la supuesta legítima defensa de los Estados Unidos, resulta contrario a la ley internacional.
