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Un tribunal argentino condenó el martes a entre 10 y 15 años de prisión a dos exdirectivos de la filial local de Ford Motor Co. y a un exmilitar por el secuestro y tortura de 24 trabajadores de la automotriz en un juicio histórico que probó la connivencia del poder empresarial con la última dictadura militar.

Santiago Omar Riveros, exjefe de un cuerpo del ejército, fue condenado a 15 años de prisión; Héctor Francisco Sibilla, responsable de seguridad de la planta de la automotriz estadounidense en la localidad de General Pacheco -al norte de la capital argentina- a 12 años y Pedro Müller, exgerente de Manufactura, a 10 años.

Una vez leído el fallo los familiares de las víctimas que asistieron a la audiencia estallaron en aplausos.

Los jueces del tribunal consideraron que Riveros es coautor mientras que los dos civiles son partícipes necesarios de delitos de lesa humanidad como allanamientos ilegales, privaciones ilegítimas de la libertad -agravadas por actos de violencia y amenazas- e imposición de tormentos. Los abogados querellantes y la fiscalía habían pedido 25 años de prisión para los imputados, que se proclamaron inocentes.

Este caso es el primero en llegar a una condena por la colaboración de empresas con la represión perpetrada por los militares durante la dictadura que gobernó Argentina de 1976 a 1983. El juicio comenzó hace un año.

Los condenados pueden apelar las sentencias.

Riveros cumple una condena por otras violaciones a los derechos humanos y los dos exdirectivos -de avanzada edad- permanecerán en libertad mientras dure el proceso de apelación aunque el tribunal les prohibió salir del país.

The Associated Press intentó contactarse con la filial de la automotriz para conocer su opinión sobre las sentencias pero no tuvo éxito.

Según el fallo, 24 trabajadores de Ford sufrieron torturas durante varias horas luego de que el ejército irrumpió en 1976 en la planta de la automotriz. Nueve trabajadores permanecieron más de un mes en condición de desaparecidos, sin que sus familias supieran nada de ellos.

Los abogados querellantes consideran que durante el juicio quedó probado que la empresa contribuyó con la confección de listas de aquellos que debían ser secuestrados, la habilitación de acceso a los militares a la fábrica y la cesión de las instalaciones donde se practicaron las torturas. Muchas de las víctimas eran delegados sindicales.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló en su cuenta de Twitter que el fallo “es un hito en la sanción de la complicidad civil con el terrorismo de Estado”. La organización humanitaria indicó que 7% de los civiles acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen de facto son empresarios y que el régimen militar fue la oportunidad que vieron algunos directivos para resolver de manera represiva los conflictos laborales y aumentar sus ganancias.

“Pusieron a disposición de los militares recursos materiales, como autos e instalaciones, dieron listas de personas y de esa forma pasaron a ser un eslabón más en la estructura del terrorismo de Estado”, afirmó la organización.

En la década de 1970 Ford abasteció al Estado de los Falcon y otros vehículos que usaban los militares para los operativos de secuestro de disidentes.

En 2019 comenzará el juicio a un grupo de exmilitares por su presunta responsabilidad en el secuestro de una veintena de trabajadores de la filial local de Mercedes Benz, de los cuales 15 siguen desaparecidos.

Sin embargo, los fiscales de esa causa consideraron que dos antiguos directivos de la empresa también estarían involucrados en los delitos y señalaron que las víctimas integraban “una comisión interna” de trabajadores enfrentada con la gerencia de la empresa.

Durante la dictadura fueron asesinadas o desaparecieron más de 7.600 personas, según cifras oficiales, aunque los organismos de derechos humanos sostienen que fueron 30.000.

Fuente: Cubasí

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