En una entrevista telefónica el diario señala que también se incluye en los cargos de delitos de lesa humanidad al mandatario del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz, por los abusos y actos de represión cometidos entre 2006 y 2007 en el marco de las movilizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca detalló que el expediente, de más de mil 600 páginas, señala a los exmandatarios su presunta responsabilidad en delitos como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, tortura y detenciones arbitrarias.

Se trata, señaló, de 'delitos de lesa humanidad que recaen bajo la competencia de la CPI'. Esto debido a que se agotaron las instancias nacionales para acceder a la justicia, agregó el denunciante.

La comunicación presentada por el ombudsperson oaxaqueño se basa en tres documentos relevantes: la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en las cuales cada instancia documentó la comisión de graves violaciones a las garantías fundamentales durante los acontecimientos en Oaxaca en el marco de las protestas de la APPO.

Otro elemento considerado son las conclusiones de la Comisión de la Verdad para investigar esos hechos, constituida por acuerdo del Gobierno y el Congreso de Oaxaca, donde se llegó a la misma conclusión.

Sin embargo, de acuerdo con Peimbert, pese a esas resoluciones no hay castigo aún contra los responsables, como lo determinó en una investigación la Defensoría a su cargo, la cual también forma parte de la documentación que él mismo entregó este jueves, acompañado de algunas de las víctimas de los hechos, ante la CPI.

Esta es la primera ocasión en la historia de este tribunal internacional que una institución pública de derechos humanos perteneciente a un Estado miembro (en este caso México) presenta una comunicación de este tipo, expresa el diario.

Es de recordar que organizaciones civiles -nacionales e internacionales- y abogados han presentado al menos seis denuncias ante la CPI por delitos de lesa humanidad cometidos sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, en particular por delitos en Coahuila y Chihuahua.

'Planteamos una teoría del caso, donde observamos que a partir de 2006 y 2007 se genera en Oaxaca un modelo de intervención violenta en contra de la protesta social y se sofistica de tal forma que dentro de sus mecanismos de represión se generan vínculos con el crimen organizado a través de cárteles, para reprimir la protesta social a través de lo que se denominó en Oaxaca las caravanas de la muerte', dijo el acusante.

'En nuestro estado se estrena un modelo de intervención violenta que se sigue repitiendo de manera sucesiva en algunos otros casos y que al no haber sanción jurídica y penal permite que se siga repitiendo, o sea, impunidad', agregó.