Alrededor de 70 clientes solicitan, diariamente, la Certificación, con el fin de emplearse laboralmente, aseguran funcionarios de la Dirección provincial de Justicia. Fotos: Leonel Escalona Furones
Son las 9:00 de la mañana y el salón ubicado a la entrada de la Dirección provincial de Justicia, en Los Maceo entre Donato Mármol y Pintó, en el centro de la ciudad de Guantánamo, permanece casi lleno de personas. La mayoría de ellas espera obtener la Certificación para probar sus antecedentes penales, con el propósito de vincularse laboralmente.
Así ocurre todas las semanas, de lunes a viernes, desde las 8:00 hasta las 11:00 am, a pesar de que la Resolución Conjunta No. 1 del 2001, dictada por los ministros de Justicia, y de Trabajo y Seguridad Social, establece que no se expedirá el referido documento cuando lo soliciten personas naturales o sus representantes.
Según la legislación, ese trámite corresponde a las entidades laborales para completar los expedientes de los trabajadores que admitirían, “pero pocas veces cumplen lo legislado y los interesados hacen solicitudes directamente en la oficina pertinente”, explicaron registradoras del Departamento de Asuntos Penales, de la Dirección provincial de Justicia.
La de la izquierda es una de las numerosas personas naturales a las que las entidades les exigen la Certificación de Antecedentes Penales, como si ese documento constituyera un requisito previo para el empleo. Fotos: Leonel Escalona Furones
Perder tiempo
“Vine a solicitar el documento, porque me exigieron presentarlo para ocupar la plaza de pantrista en una Tienda Recaudadora de Divisa”, explicó Eliennes Viel Serrano, una de los muchos que, el pasado 12 de junio, solicitaron el documento. También Osmaida Ramos Columbié, a quien luego de 20 años de servicio en las Fuerzas Armadas Revolucionarias le demandaron el certificado para laborar en la Federación de Mujeres Cubanas: “Un absurdo”, consideró.
“Lo piden como un cliché a todo el mundo y, en realidad, constituye una pérdida de tiempo, un obstáculo para los trabajadores y más ocupación para quienes prestan el servicio”, añadió Ramos Columbié.
Un informe escrito por el licenciado en Derecho, Rolando Almonaci Martínez, jefe en funciones del referido Departamento de Asuntos Penales, precisa que en 2014 la Dirección provincial de Justicia expidió 18 mil 476 Certificaciones de Antecedentes Penales, de las cuales el 41,70 por ciento fue por empleo.
La cifra experimentó ligero decrecimiento en 2015, pero en el primer trimestre de 2016 volvió a elevarse muy por encima de los registros de igual etapa del año precedente, con tendencia al crecimiento.
“El trámite es rápido, pero lo demandan unos 70 clientes diarios, entre las 8:00 y las 11:00 de la mañana, lo que afecta otros servicios verdaderamente necesarios como las certificaciones de actos de última voluntad y declaratorias de herederos”, comentó Dora Carbonel Vega, una de las registradoras.
Rolando Almonaci Martínez, jefe en funciones del Departamento de Asuntos Penales, cuestionó el actuar de directivos que vetan la incorporación de personas que fueron sancionadas penalmente a las entidades que administran y cancelan el contrato a empleados, como si los errores fueran cadenas que se arrastran toda la vida. Fotos: Leonel Escalona Furones
Sin embargo, lo más preocupante para la funcionaria es que después de las solicitudes, algunas personas naturales o jurídicas no las recogen y se vencen en la oficina, y señala críticamente a la Dirección de Salud, de San Antonio del Sur, mientras muestra un paquete de certificaciones con cinco meses de “reposo” en su departamento.
Reitera Almonaci Martínez que tales incongruencias resultan de entidades estatales incumplidoras de lo estipulado en la referida Resolución Conjunta y señalaba a las subordinadas al Grupo provincial de Comercio, fundamentalmente, Gastronomía y Servicios Técnicos, y la Alimentaria, donde la prensa comprobó el desconocimiento de la reglamentación.
A contrapelo, Yoades Díaz, administradora de Servicios Técnicos, aseguró que la empresa realiza el trámite y solicita el documento solo para custodios y trabajadores con recursos bajo su amparo; en tanto Ana Elsa Simón, subdirectora de Recursos Humanos, en la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios, puntualizó que exigen el documento a todo el mundo por las características de la entidad, que maneja recursos materiales.
¿Errores para toda la vida?
Aunque la Resolución también aclara que la Certificación de Antecedentes Penales no constituye un requisito previo de empleo ni para la permanencia en una plaza determinada, algunas entidades la exigen de manera desmedida.
“Tal exageración -al decir del jefe en funciones del Departamento de Asuntos Penales, de la Dirección provincial de Justicia- provoca que muchas personas sancionadas soliciten el documento para emplearse y luego no vuelvan a recogerlo, porque la medida se convierte en un impedimento y, por tanto, ven frustradas sus aspiraciones de trabajar”.
Aunque no los mencionó, el funcionario cuestionó el actuar de algunos directivos que vetan la incorporación de esas personas en las entidades que administran y cancelan el contrato a empleados, como si los errores cometidos fueran perpetuos, sin posibilidad de enmienda ni rectificación.
Ante semejantes violaciones, remite al Decreto Ley No. 242 del año 2007, sobre el Sistema de Prevención y Atención Social, que promuevela reinserción o incorporación a una actividad socialmente útil de aquellas personas aptas desvinculadas del estudio o del trabajo, en particular aquellas proclives a infringir el orden social, de manera especial cuando se trata de jóvenes.
Esa legislación también propugna educar y rehabilitar a quienes incurrieron en conductas antisociales y delictivas, por lo que no hay justificación para cerrarles las puertas a quienes buscan reintegrarse a la sociedad y ser útiles a ella.
El director provincial de Justicia explicó que determinadas ocupaciones demandan de presentar los antecedentes penales, pero esa regla no se aplica de forma general a todas. Fotos: Leonel Escalona Furones
Norge Rodríguez Delgado, director provincial de Justicia, reconoció que determinadas ocupaciones estatales demanden el cumplimiento de requisitos de selección y exijan ausencia de antecedentes penales y conductas delictivas, pero esa regla no puede aplicarse de forma general a todos los cargos públicos, subrayó.
“A esas personas no se les puede restringir el acceso a empleos, sin fundamento legal, porque se quedan sin opciones y, entre ellas, hay profesionales calificados, con nivel y deseos de desempeñar cargos públicos”, advirtió.
“Pudiera ser que no ocupen tareas como dirigentes, funcionarios u otros de confianza relacionados con la administración de recursos materiales y financieros o que manejen información, pero sí plazas de operarios, obreros, algunas técnicas y administrativas”, aclaró.
Rodríguez Delgado subrayó que en el artículo 43 de la Constitución de la República, se consagra el derecho de los ciudadanos, de acuerdo con sus méritos y capacidad a desempeñar funciones y empleos del Estado, la Administración Pública, la producción y prestación de servicios, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, credos, y cualquier otra lesiva a la dignidad humana
“Si en una entidad se le niega la entrada a una persona con antecedentes penales a una plaza que no requiera su presentación, la misma tiene derecho a reclamar al Órgano de Justicia Laboral de Base y llegar hasta el Tribunal Supremo si fuera necesario.
Finalmente, el director provincial de Justicia llamó a los empleadores -como estipula la referida Resolución Conjunta- a definir cuáles son las plazas u ocupaciones que verdaderamente requieren la Certificación de los Antecedentes Penales.
