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Junto a su más determinante prueba cívica de los últimos años, la sociedad cubana asistirá, a partir de este simbólico 13 de agosto, a un examen singular de su capacidad de ensanchar el modelo popular participativo, democrático y de generación de consensos, en los que la prensa y los periodistas seremos determinantes.

Dejamos atrás la época en que la unanimidad y la homogeneidad paralizantes y simplificadoras servían de estandarte a la unidad, frente al reconocimiento de la heterogeneidad, la pluralidad, la diversidad y la diferencia como claves para el debate y el encuentro de las ideas comunes, que permitan erigir y avanzar la nueva plataforma humanista que busca levantar la Revolución desde el VI del Partido.

Sin una dimensión clara de lo que este desafío significa sería imposible responder felizmente, desde nuestra profesión, al clamor de rearmar institucionalmente la patria martiana y socialista, y contribuir al análisis y al balance de las ideas que desemboquen en la nueva constitución política de nuestro Estado y a su reorganización, a tono con las exigencias y posibilidades de estos tiempos; estableciendo la autoridad, la forma de ejercicio de la misma, los límites de los órganos públicos, los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y las garantías de la libertad política y civil del individuo, como propósitos ineludibles de toda Carta Magna.

Para alcanzar el objetivo anterior no puede perderse de vista que la reforma de la Constitución no es un fin en sí mismo, porque lo esencial es responder a urgencias determinadas de regulación —como las que se proponen ahora, por ejemplo, en el ámbito de los derechos humanos, civiles y de otra naturaleza, la propiedad, o la transformación de la estructura del Estado—, así como ampliar la base de legitimación de nuestro sistema político, perfeccionando su capacidad de incluir y de integrar, en vez de apartar o enajenar en un nuevo contexto histórico.

Será precisamente el debate profundo de la propuesta de reforma de la Constitución la que posibilite converger esa multiplicidad de ciudadanos que tienen cuestionamientos de los preceptos que se proponen a una renovada Ley Suprema, posibilitando que sus posiciones, no pocas veces contradictorias, desemboquen en el establecimiento de un nuevo consenso unitario, que incluso podría implicar la aceptación de posiciones que no se comparten a cambio de las que se consideran fundamentales.

El punto de partida debe ser que la construcción del consenso parte de la expresión del disenso, que nace de aceptar la opinión de los demás en pos del bien común.

De ahí lo relevante de que durante este proceso se manifieste el mayor grado de innovación y creatividad de nuestros profesionales en las plataformas tradicionales y en los canales que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para que se transparente lo más amplia y coherentemente ese debate y se muestre la forma en que las instancias pertinentes lo recogen, evalúan y tienen en cuenta.

Adicionalmente, nuestros profesionales y los medios, como parte inseparable del pueblo que se erige abrumadoramente en constituyente, tiene la responsabilidad de, como parte de los mecanismos de control y soberanía populares, realizar su propio ejercicio público de estudio, decodificación y crítica de la propuesta.

Este será también un complejo ensayo de la efectividad de la comunicación política y del sistema de medios públicos del país. Se trata de demostrar la ascendencia y autoridad de los mismos en el controvertido escenario infocomunicacional actual. Se precisa conectar equilibradamente la historia, las ideas políticas y el derecho en las condiciones peculiares de nuestro país.

No es casual que, desde sus primeras intervenciones públicas tras asumir la dirección del Partido y del Estado y plantear las bases para la enorme transformación en marcha, el ahora Primer Secretario del Partido, General de Ejército Raúl Castro, se propusiera dignificar la discrepancia como fórmula de mejoramiento de la Revolución, como principio de su funcionamiento y como método de consenso.

De su peculiar estilo rotundo y directo se puede interpretar que quienes discrepan de la verdad cómoda no subvierten a la Revolución. Esta solo puede ser subvertida por la hipocresía y el acomodamiento del carácter, que no termina en otra cosa que en la prostitución del alma. De esta forma elevamos a la verdad martiana, vista como el deber de todo hombre a decir lo que piensa, y a pensar y hablar sin hipocresía, al altar de la honradez y la decencia patrias.

En su discurso ante los santiagueros, el pasado 26 de Julio, Raúl se refirió al trascendental ejercicio político y democrático que constituirá el debate de la nueva Constitución y destacó que el éxito de este proceso dependerá, en primer lugar, de la participación activa y comprometida de los cubanos, bajo la conducción del Partido y el concurso de la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masas.

También el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, subrayó, tras el debate de la propuesta ante la Asamblea Nacional, que el ejercicio de participación directa del pueblo adquiere la mayor relevancia política y será un reflejo más de que la Revolución se sustenta en la más genuina democracia. En ese sentido llamó a cada cubano a expresar libremente sus opiniones y contribuir a alcanzar un texto constitucional que refleje el hoy y el futuro de la Patria.

Lo que está en juego con la propuesta de reforma de nuestra Ley de leyes es la madurez de la Revolución Cubana para sobrevivir a su liderazgo histórico y que el orden constitucional que fundó, sometido ahora a profunda reconfiguración, garantiza, por la voluntad soberana de la mayoría de los cubanos, la irreversibilidad del socialismo como ideal resumen de los sueños de generaciones de revolucionarios.

En este trascendental reajuste institucional los periodistas han de tener el camino expedito para apoyar el debate cívico y el contragolpe revolucionario.

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