“Estoy aquí por tercera vez para negociar pagar a plazos una multa de alta cuantía que me pusieron por un asunto ahí”, admite Jorge, mientras espera tras otros con el mismo objetivo, y explica que, para eso, “me escapé un momentico del trabajo”.

Uno puede hallar ahora mismo colas de personas naturales y hasta jurídicas para cumplir la sanción que “consiste en la obligación de pagar una cantidad determinada de dinero”, por violar legislaciones administrativas o penales, como describe multa la Academia de la Lengua.

Sin embargo, esta aparente complacencia parece ser solo coyuntural. En realidad, el impago de multas es un mal que se arrastra en el tiempo, marcando una ruta en que se enquista la mala huella de la impunidad.

El año 2020 cerró en el municipio de Guantánamo con 10 mil 525 multas pendientes por cobrar con la condición de apremio, es decir, duplicadas y pasados los 60 días de su aplicación, según estadísticas de la Oficina de Control y Cobro de Multas (OCCM) en el territorio.

La repetición de este mal de forma periódica ha generado decenas de millones de pesos dejados de ingresar al presupuesto en la provincia. Pero lo peor es la siembra de impunidad que se realiza en el cumplimiento de sanciones establecidas por vulnerar las leyes.

Convenios entre paréntesis

La formalización de convenios con los infractores para pagar por términos las penas de mayor cuantía es ahora causa de las referidas filas en un pasillo, angosto como la mayoría de los cubículos de esa OCCM, sita casi en la esquina de las calles Paseo y Beneficencia.

Las penalizaciones por violaciones son aplicadas por más de una decena de organismos y representan decenas de millones de pesos que debe recibir el presupuesto de cada localidad.

Madelín Rodríguez García, especialista de Finanzas y Precios para atender los asuntos jurídicos en esta OCCM, explica que la oficina cuenta con tres cajas para el cobro directo de multas.

Las solicitudes para establecer convenios de pago a plazos se dispararon a partir de la entrada en vigor, desde fines de febrero último, de nuevas disposiciones jurídicas de infracciones en el enfrentamiento a la pandemia y alteraciones de precios y tarifas, castigadas con hasta 15 mil pesos.

Pero las multas demoradas en saldar o en otras condiciones que implican no pagadas que se acumulan en diferentes categorías son las de menor cuantía. De ahí los problemas de control y cobro en las localidades.

Movimiento de cuadros y una mejor organización para evitar irregularidades asentó un despegue en la OCCM del municipio de Guantánamo en el 2020, considera Jesús Portes Belicer, integrante del consejo de la Administración de la presidencia de la Asamblea municipal del Poder Popular.

También se mantiene un permanente intercambio con los funcionarios de los más de una decena de organismos compositores de estas sanciones.

Confirmando la ineficacia

La situación del pago y cobro de multas en la cabecera provincial, que soporta con mucho el grueso de esa actividad en el Alto Oriente, es compleja, y su eficacia es baja, advierte el mencionado coordinador de programas económicos globales del Gobierno local.Mientras una sanción pecuniaria impuesta permanece sin cobrarse, la impunidad está presente.

Esa actividad es uno de los 21 programas y proyectos que este funcionario coordina en el órgano administrativo de Gobierno local. Ejecutarla es responsabilidad de la referida OCCM, dependencia de la Dirección municipal de Finanzas, Precios y Seguros.

La eficacia en el control y cobro es un índice establecido para medir la correlación entre diferentes parámetros de la gestión. Fue de 69,1 por ciento al cerrar el 2020 en la OCCM. "Para estar bien debe ser un 90 por ciento", subraya Portes Belicer.

Inciden tanto la captación de las multas cuando el notificado paga en tiempo, como las duplicadas, porque pasaron 30 días y hasta 60 de impuestas, que deben rastrear una veintena de gestores con que cuenta la oficina. Esas son las pendientes con apremio que quedaron sin cobrar al termino del 2020: 10 mil 525, según las estadísticas aportadas por funcionarios de esa entidad.

Hay signos de mejoría. La eficacia aumentó a 74,1 por ciento hasta el más reciente cierre mensual del corriente 2021, según aporta Yoleysi Rodríguez Hernández, económica de la OCCM.

La oficina inició el año con 12 mil 409 multas cobradas, una cifra alta que aporta eficacia, en comparación con etapas similares precedentes. También se incluye en el período 7 mil 659 multas que fueron trasladadas desde otras localidades, y es también alta la cifra de 9 mil 811 que pasaron a sumarse a la condición de en apremio. De nuevo son captaciones irrealizadas en la etapa y la continuidad impune del cumplimiento de la sanción.

Siguen gravitando contra el indicador las más de 2 mil 250 multas devueltas a los impositores de más de una decena de organismos, por mal llenado de la matriz y entrega fuera de término. El año anterior fueron devueltas más de 3 mil 300 por similares causas, ser ilocalizable el infractor por los gestores o apelaciones aceptadas.

Aunque en mucha menor medida esos intrincados procesos inciden en quejas de ciudadanos requeridos como deudores habiendo pagado, situación saldada con la presentación del comprobante de pago que reciben al hacerlo.

Una de las incidencias recae, según las fuentes, en las multas recibidas en cantidades no despreciables de estas sanciones por traslado desde otros sitios de la provincia o el país donde fueron impuestas a infractores con datos de identidad en esta localidad. Pesan en el arrastre de la eficacia las penas canceladas por diversas causas y los traslados a otras OCCM.

Vale saber que el notificado tiene hasta 72 horas para pagar en el lugar donde es penado, aunque no resida en él. No puede hacerlo todavía en cualquier otro lugar, lo cual depende del perfeccionamiento perspectivo del sistema. La ventaja actual permite que, en el caso de transgresiones del Código de Vialidad, el infractor puede ser bonificado en la cuantía.

También en ayuda de elevar la eficacia perseguida, según lo legalmente establecido, las multas se duplican pasados los 30 días y hasta 60 de su imposición, excepto las arbitradas por tribunales, las establecidas en el Código Penal, las infracciones de disposiciones de Higiene Comunal, Vectores y Planificación Física, y el Decreto Ley 357 sobre el trabajo por cuenta propia, que no se modifican, ilustra la asesora Rodríguez García.

Más gestión

El recurso legal extremo de la OCCM para dirimir impagos es presentar expedientes a tribunales. Se aplicó en 12 casos el año anterior, de los cuales ocho pagaron en el acto y solo cuatro debieron ser sancionados hasta con privación de libertad, explica la jurista Rodríguez García.

Sin embargo, la principal vía de recuperación recae en los gestores de cobro de esas sanciones pecuniarias que son los encargados de buscarlas en el terreno.

El impago de multas llevó a los tribunales a una docena de infractores durante el 2020 en el municipio de Guantánamo. En los momentos iniciales de la pandemia, para contribuir a disminuir movimientos de las personas, se establecieron centros de cobro en los Consejos Populares de la ciudad. Hoy solo se mantienen gestores fijos en las dependencias de Patrulla y de la PNR (Parque 24), donde puede pagarse cualquier tipo de multas, al igual que en la oficina.

Trabajar con datos más actualizados en el control de la situación es empeño de este colectivo, en particular de los gestores.

Ello se cuenta entre los avances organizativos conseguidos en la OCCM de la cabecera provincial durante 2020, tras el ya referido cambio de dirección por irregularidades anteriores. "Hay más disciplina en el colectivo ahora”, aprecia la antes mencionada legista, quien labora en ese centro desde noviembre del 2019.

No obstante, hace notar que tienen aún en contra la estrechez, hacinamiento y condiciones generales (falta, por ejemplo, el cristal separador en una de los puestos de cobro) del local, para los casi 40 trabajadores y la atención al público, y deben "resolver" con escasos medios propios el modelaje impreso imprescindible para cada trámite.

Las penalizaciones por violaciones son aplicadas por más de una decena de organismos y representan decenas de millones de pesos que debe recibir el presupuesto de cada localidad.Es notorio que, como atestiguan los propios entrevistados, los datos informados no reflejan toda la complejidad de la realidad actual, dados los desajustes persistentes entre la diversidad de impositores y las multas captadas por la agencia. “No cazan siempre los números dados por una y otra parte, y somos nosotros los que respondemos concretamente por el cobro de las multas”, reconoce la jurista.

Otro detalle de peso: Se conoce que el resto de los municipios ya implementó el proyecto nacional informático de Control y Gestión de Multas (CGM), desarrollado por Desoft, que, como indica su nombre, “automatiza el control y gestión de multas en las oficinas para tales fines en el país y en los organismos impositores del territorio nacional”.

Venceremos conoció que la OCCM de Guantánamo es la más atrasada: no dispone aún de conectividad para ello, y compromete el paso de la provincia a la informatización y conexión al sistema nacional. “Desde enero estamos vaciando la información en el nuevo formato para cuando nos conectemos e integremos a ese sistema”, expone Rodríguez García.

Lamentablemente, una de las deudas informativas de este trabajo es la falta de más datos de la situación en el resto de los municipios. Funcionarios de la Dirección provincial de Finanzas y Precios carecieron de tiempo, espacio y oportunidad para suministrarla al periodista, pese a su insistencia.

Depurar con la mayor actualidad la situación de cada multa también contribuye a mejorar la eficacia en el cobro y que haya menos impunidad. “En las multas, el objetivo del Gobierno local es que los organismos impositores mejoren la calidad al aplicarlas y las OCCM capten esas contribuciones”, recalcó el antes citado coordinador de programas y proyectos de la Administración municipal en Guantánamo.

Aún cuando se avance más o menos rápido en la solución de la informatización del antes dicho sistema CGM, que creará en el mañana mejores condiciones para el control y cobro de las multas, en el presente las OCCM guantanameras tienen deudas que saldar con la eficacia.

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