Desde hace algunos años, la máxima dirección del país dedica especial atención al imperativo de erradicar las constantes violaciones urbanísticas existentes a lo largo y ancho del territorio nacional. Precisamente, tras el em­peño de exigir y controlar con sistematicidad las acciones realizadas hasta el momento, así como intercambiar sobre lo mucho que falta por hacer al respecto, sesionó en la tarde de este martes una reunión presidida por el Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba José Ramón Ma­chado Ventura, vicepresidente de los Conse­jos de Estado y de Ministros.

Al hacer uso de la palabra, el general de división Samuel Rodiles Planas, presidente del Instituto de Planificación Física, presentó un detallado informe con especial énfasis en las principales deficiencias latentes. Dicho informe es resultado de los análisis desarrollados en varias sesiones de trabajo con jefes, directivos y especialistas de diversas entidades y organismos, así como de los hechos constatados en visitas efectuadas a municipios, consejos populares, zonas de edificios multifamiliares, áreas de trabajo por cuenta propia, tramos de vías, barrios ilegales, playas y otros espacios públicos en todo el territorio nacional.

En tal sentido, señaló que a pesar de contar con un sistema de trabajo con objetivos precisos desde el nivel nacional hasta el municipio, elevar el número de ilegalidades resueltas cada año, reducir el nivel de impunidad ante los diferentes hechos, fortalecer el papel de Planificación Física como rector de esta actividad, y avanzar en el ordenamiento del trabajo por cuenta propia en las arterias principales, todavía no se alcanzan los resultados esperados por lo cual urge perfeccionar y consolidar el sistema de trabajo puesto en práctica.

Rodiles Planas comentó también que persisten insuficiencias en la inspección y control, sobre todo en las ciudades cabeceras provinciales, a lo cual se une falta de sistematicidad, organización y fiscalización del trabajo, lo que impide detectar a tiempo la totalidad de las infracciones.

"No se logra la plena inserción en los planes integrales de enfrentamiento —de las provincias y municipios— de todas las ilegalidades existentes vinculadas con el ordenamiento territorial y urbano para su mejor control, tratamiento y enfrentamiento integral", aseveró.

De la misma manera —dijo— se observa una limitada coordinación entre las instancias de Planificación Física y las organizaciones de masas y sociales en las comunidades para en­frentar estas ilegalidades, en tanto la población las tolera o asimila si no la afectan directamente.

Asimismo, señaló que resulta considerable la cantidad de instrumentos legales vigentes sobre estos temas, lo cual "crea una madeja de disposiciones dispersas de difícil cumplimiento tanto para las entidades como para la población".

Por último, presentó las proyecciones de trabajo que se proponen los diferentes organismos y entidades implicados para hacer frente a la problemática en cuestión. Entre ellas se destaca la de erradicar en lo fundamental las ilegalidades estatales en todo el país para el 2015; en el caso de las cometidas por personas naturales, se priorizarán cada año las de más fácil solución y menor afectación a las familias. Además, se someterá a estudio todo el marco legal regulatorio de la construcción por esfuerzo propio y el enfrentamiento a las ilegalidades con el objetivo de ofrecer una mayor coherencia a dichos procesos y eliminar la dispersión documental existente.

A continuación, José Ramón Ma­chado Ventura valoró que lo expresado en el informe "demuestra la complejidad del problema, aunque no por eso vamos a dejar de hacerle frente".

Seguidamente, varios de los presentes manifestaron sus criterios o puntos de vista sobre el tema. Entre otros aspectos, se comentó respecto a la necesidad de realizar un trabajo mancomunado a todos los niveles para alcanzar mejores resultados en este enfrentamiento, y se coincidió en la elevada responsabilidad que tienen los municipios para poder integrar cada paso, desde el más alto nivel hasta la base dando participación a la población.

También se recordó que la esencia de estas acciones no está en prohibir construir, sino en indicar cómo y dónde debe hacerse para no violar las normas urbanísticas y en tal sentido exigir a todos por igual. De la misma manera, se valoró que, si bien urge acabar con la actual dispersión jurídica, ello no puede convertirse en justificación para dejar de acometer acciones, pues los documentos para llevar adelante cada paso existen, y en determinadas ocasiones lo que ha faltado es exigencia para combatir las ilegalidades.

En las conclusiones de la reunión, el Segundo Secretario del Comité Central del Partido reiteró que es necesario apoyar al Instituto de Planificación Física y a los gobiernos en el enfrentamiento, aunque enfatizó que este es un problema de todos y por tanto cada cual debe cumplir lo que le corresponde. Igualmente, reconoció los avances que se evidencian en el tema, la comprensión de su existencia y la necesidad de hacerle frente con firmeza para así evitar que las ilegalidades se reproduzcan.

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